Los indagados están muy "comprometidos"

El juez Letrado de 1er. Turno de Young, Mario Suárez Suñol, proseguirá hoy la instrucción en relación a las presuntas maniobras de contrabando de metales preciosos y lavado de activos, desbaratada en el marco de la Operación Hydra. Los titulares de tres importantes casas cambiarias de Montevideo asistirán hoy ante la Sede como «indagados».

Las autoridades de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central y de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos solicitaron «tiempo», la pasada semana, para estudiar la abundante información en poder de la Sede, el cual fue concedido.

En este sentido, el magistrado recibirá hoy el informe de una Comisión Asesora designada, e integrada por cuatro especialistas en la lucha contra el lavado de activos en casas cambiarias, el cual podría arrojar luz sobre la envergadura de la maniobra.

El secretario general de la Secretaría Antilavado, Ricardo Gil Iribarne, partícipe de la Comisión Asesora del juez Suárez Suñol, estimó en primera instancia y a las pocas horas de recibir el grueso de la información, que la maniobra de una sola de estas entidades por el tráfico de metales, rondaría los 100 millones de d Los empresarios vienen siendo sometidos a proceso tras la investigación de la Secretaría Antilavado de Activos y de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), la cual se extendió por un año. La indagatoria implica a tres importantes casas cambiarias, aunque no se descarta extender la investigación hacia otras entidades financieras de plaza.

Los titulares de dos de estas entidades serían relevantes miembros de la Bolsa de Valores de Montevideo, con larga trayectoria en la plaza financiera.

La situación de los indagados es «altamente comprometida» y más teniendo en cuenta que la Sede continúa recibiendo información sobre la operativa «ilegal». En este sentido, el juez Suárez Suñol recibirá desde Brasil el testimonio de un empresario «con fluidos vínculos» con los cambios de Montevideo, el cual ya se encuentra en poder de la DNII.

El titular de la DGI, Nelson Hernández, en tanto, comparecerá ante el juez para ratificar la denuncia por «defraudación tributaria» presentada contra parte de los implicados en el contrabando de metales.

La demanda se basó en las propias declaraciones de los empresarios ante la Sede, donde relataban la operativa. La denuncia implica el no pago de IRAE, IVA e Impuesto al Patrimonio.

El presunto lavado de activos surge porque no se puede determinar el origen fehaciente de los fondos con los cuales se solventaba la operativa de compra y venta de oro y plata, con destino a Brasil. Las autoridades investigan los vínculos de esta organización con Argentina, al no aparecer los clientes residentes en ese país. La presunción es que dichos clientes no existirían. Los empresarios alegaron ante la Justicia la legitimidad de las operativas en base «a las libertades de capital que rigen en Uruguay como plaza financiera».