Alegan licitud en tráfico de metales

«Las operativas son lícitas entre las libertades de capital que rigen en Uruguay como plaza financiera». Este fue uno de los principales argumentos esgrimidos por los empresarios indagados por presunto contrabando de metales preciosos y lavado de activos, ante la Justicia.

Los empresarios vienen siendo sometidos a proceso tras una intensa y prolija investigación por parte de la Secretaría Nacional Anti Lavado de Activos y de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), que se extendió por un año.

El juez Letrado de 1º Turno de Young, Mario Suárez Sañol, volverá este martes a tomarle declaración a los 12 indagados por la Justicia por el tráfico de metales, plata principalmente, y lavado de activos, al tiempo que otros propietarios de casas cambiarias de Montevideo deberán comparecer ante la Sede a pedido de la fiscal Ana Monteiro.

La indagatoria podría extenderse incluso hacia otras entidades financieras de plaza, indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

La situación de los indagados es «altamente comprometida», más teniendo en cuenta que la Sede continúa recibiendo información sobre la operativa, dijeron las fuentes. En este sentido, el juez Suárez Sañol recibirá hoy el testimonio de un empresario «con fluidos vínculos» con los cambios de Montevideo.

El testimonio del empresario recabado por la Justicia de Brasil ya se encuentra en poder de las autoridades de la DNII, las cuales lo remitirán hoy a la Sede para su análisis, según pudo saber este medio. El empresario fue detenido en el país norteño, en el marco de la «Operación Hydra», y su declaración «podría dar luz sobre parte de la operativa», señalaron las fuentes.

«Hydra» fue una operación binacional por la cual se desbarató una organización destinada a la compra y traslado ilegal de metales preciosos entre Uruguay y Brasil.

El secretario general de la Secretaría Nacional Anti Lavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne, declaró ante la Justicia que la operativa de una sola de las casas cambiarias investigadas por el presunto contrabando de metales preciosos rondaría los 100 millones de dólares.

La investigación por lavado de activos comenzó de forma tangencial luego de la denuncia penal presentada por un empresario de Young por «competencia desleal» contra otros dos cambios de esa localidad.

La intervención de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU ante la denuncia implicó la derivación del proceso a la DNII. La Sede autorizó escuchas telefónicas y sus resultados cambiaron la investigación hacia la actividad de las casas cambiarias de Montevideo y el lavado de activos.

Sin embargo, la denuncia contra el cambio de Young, acusado de operar de forma clandestina, podría definirse esta semana, señalaron las fuentes. Los propietarios del cambio de Young podrían ser encausados por «defraudación tributaria».