Antel, en riesgo ante la ausencia de una política en telecomunicaciones

La propia sobrevivencia de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel), como la de su millonario aporte anual al Estado, quedaron en riesgo ante un vacío legal provocado por el veto del Poder Ejecutivo a un polémico artículo del último presupuesto nacional que había aprobado el mes pasado el Parlamento uruguayo.

La ausencia normativa, generada por el primer veto de la administración Tabaré Vázquez, deja al principal ente estatal en una peligrosa situación de indefensión ante la ofensiva que protagonizan los principales operadores de telecomunicaciones locales e internacionales, quienes buscan competir con Antel en la rentable trasmisión de datos.

La trasmisión de datos (ADSL) se constituye hoy en el principal y más estratégico servicio monopólico de Antel (a quien sólo le queda además la exclusividad en telefonía fija), y contra él han atacado los operadores de telefonía celular, quienes ya comenzaron a competir en el rubro a través de nuevas tecnologías de acceso inalámbrico a Internet.

En esta guerra de las telecomunicaciones también comenzaron a operar las empresas adjudicatarias de los canales de televisión abierta, dueñas a su vez de la concesión de televisión por cable, quienes a través de su red de cableado procuran ingresar al negocio de la trasmisión de datos, por lo que Antel puede quedar cercado en un mortal jaque.

Fuentes sindicales, políticas y gubernamentales indicaron a LA REPUBLICA su preocupación por el escenario que se ha instalado ante la falta de una política nacional de telecomunicaciones y una ley que sintetice la confusa normativa que en la materia se ha ido generando en Uruguay durante las últimas décadas.

 

Un artículo polémico

El artículo 241 de la Ley Presupuestal ordenaba al Ministerio de Industrias, Energía y Minería (MIE), a través de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, «el diseño de una política nacional de telecomunicaciones, que deberá proponer al Poder Ejecutivo, para facilitar el desarrollo y la evolución del sector, antes del 1º de marzo de 2010″. Pero además, la norma presupuestal agregaba que quedaba suspendido «el otorgamiento de licencias para cualquier servicio de telecomunicaciones hasta la fecha», por lo cual el Estado no podría otorgar hasta las próxima administración de gobierno bandas televisivas o radiales, afectando incluso las ondas pedidas por las radios comunitarias. El polémico artículo había sido elaborado con premura, cuando el presidente Tabaré Vázquez iniciaba su gira asiática, por el oficialista senador Rafael Michelini, quien con el apoyo de los legisladores Reinaldo Gargano y Eduardo Lorier, incorporó el tema en la ley presupuestal que primero llegó a ser aprobada por la Cámara de Diputados. Pero cuando la norma llegó a la discusión de la Cámara Alta, la senadora Susana Dalmás (ex presidenta del Sindicato Único de las Telecomunicaciones, Sutel), comprendió los perjuicios que la prohibición por un año y medio podría implicar para varios sectores y negó su voto, a la vez que pidió el veto del artículo al Poder Ejecutivo. La media aprobación que el artículo 241 tenía en la cámara baja, obligó al gobierno a interponer su veto, que no fue levantado por la Asamblea General, pese a las duras críticas que la oposición realizó en sala, cobrando un precio político, en particular, a quienes habían impulsado la iniciativa.

 

Ante un vacío legal

La anulación del artículo 241 dejó al MIE sin el cometido de diseñar una política nacional de telecomunicaciones, eliminó el plazo de su presentación y dejó abierta la posibilidad de que cualquier operador en el sector pueda solicitar la prestación de nuevos servicios y reclamar económicamente al Estado si no se le otorgan. El nuevo escenario también sacudió una operación de Antel, quien había propuesto a las empresas de los canales privados y de TV cable un acuerdo para que pudieran participar de la trasmisión de datos bajo su contralor. La propuesta solo había sido aceptada por la Sociedad Anónima Emisora de Televisión y Anexos (Saeta TV Canal 10).

A través de TCC (Tractoral SA) su operadora de TV Cable, Saeta suscribió un convenio con Antel para ofrecer bajo el eslogan «¡Que vivan los vivos!» tres servicios a sus abonados: a su prestación de TV cable, agregaba el servicio de ADSL prestado por Anteldata y una carga de cómputos para la telefonía celular del servicio de Ancel. Montecarlo TV Canal 4 y Televisora Larrañaga SA (Canal 12), no aceptaron el negocio propuesto por Antel y, asesorados hoy por un ex gerente del propio ente estatal, comenzaron su ofensiva: Canal 4 ya solicitó a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) una «Licencia B1″ que lo habilite a operar en telefonía. A su vez, una de las principales prestatarias de telefonía móvil en Uruguay, Telefónica de España, que opera en el país bajo el nombre de «MoviStar», realizó una solicitud a Ursec para poder obtener una televisión por cable, lo que implica un paso previo a un cableado que le permitiría una competencia total en trasmisión de datos.

 

Normativa agujereada

Cada año, Antel aporta más de cien millones de dólares a Rentas Generales, gracias a las ganancias que le reporta su condición de empresa estatal monopólica en la prestación de telefonía fija y de trasmisión de datos. Con la ola privatizadora, perdió la exclusividad en telefonía móvil, donde compite con MoviStar y Claro (ex CTI).

Sin embargo, Antel mantiene la infraestructura de las telecomunicaciones sobre las que trasmiten sus dos adversarios en servicios de telefonía celulares, lo que le implica gastos extras en la competencia comercial, donde MoviStar y Claro pueden realizar ofertas económicas más baratas, pero con menor calidad de servicio.

Aunque las autoridades del MIE, de quien hoy depende la Dirección Nacional de Telecomunicaciones que por años había estado sometida al Ministerio de Defensa Nacional, han establecido que no habrá intervención en la competencia de servicios, es objetiva la necesidad de una ley y una política de Estado sobre las telecomunicaciones.

La propia senadora Susana Dalmás advirtió que «hay un debe» en el tema y sostuvo que habría que revisar la pesada carga que soporta Antel por su servicio social, a la vez que subrayó que «el país no tiene una ley vigente» en la materia ya que la tecnología «le ha hecho muchos agujeros a la normativa» sobre telecomunicaciones.

Voceros de Sutel señalaron su alarma por la situación establecida y no descartan hacer una declaración pública en las próximas horas para reclamarle al gobierno una definida política de Estado en un tema en el que existirían distintas posiciones dentro del actual gobierno del presidente Tabaré Vázquez.