Arregui alertó sobre consecuencias de privatizar la terminal de contenedores

El diputado frenteamplista Roque Arregui dijo que con las «normativas» que impone la Ley de Urgencia para la privatización de la terminal de contenedores del puerto, se permite la conformación de una sociedad anónima con «acciones al portador», las que pueden ser compradas «por grandes transnacionales e incluso por aquellos que están dedicados al narcotráfico».

El legislador señaló a LA REPUBLICA que debemos tener mucho cuidado sobre en qué manos dejamos el «corazón» del puerto de Montevideo, porque obviamente «hay grandes intereses» y además «es un negocio redondo para los narcotraficantes».

El próximo 18 de febrero, donde está prevista la convocatoria de la ciudadanía, a los efectos de la habilitación del número suficiente de voluntades para que posteriormente haya un referéndum que permita derrogar los 13 artículos de la Ley de Urgencia que se refieren al puerto, a los ferrocarriles, a Conaprole, a las AFAPs, al alumbrado público y a la incidencia del Poder Ejecutivo sobre las empresas públicas.

Para Arregui no hay dudas que el tema de la privatización de la terminal de contenedores del puerto es una de las «urgencias» más graves que tiene el país, «por todo lo que ello implica».

Al respecto indicó que «la terminal de contenedores, según balances del año 99, ha dado una ganancia de 15 millones de dólares y además es el corazón del puerto, por lo que el control de esto de alguna manera implica estar en una posición privilegiada con respecto a las exportaciones o importaciones y hay grandes intereses que se mueven en torno a esto».

 

Observación y «coima»

«No en vano fue que hubo dos licitaciones observadas por el Tribunal de Cuentas con llamados parlamentarios e incluso con una interpelación y hasta hubo una denuncia de coima por dos millones de dólares para la cual se presentó una denuncia y un casete. Esto revela de alguna manera los grandes intereses que se juegan en torno a la terminal de contenedores».

El sistema que se establece aquí, por las normativas de la Ley de Urgencia, es que se va a conformar una sociedad anónima con acciones al portador sin saber cuál es el porcentaje, lo que determina dos «gravedades», precisó el legislador. «Si son sociedades anónimas con acciones al portador, no se sabe quiénes van a operar en el puerto de Montevideo, porque dichas acciones las pueden comprar grandes transnacionales y también aquellos que están dedicados al narcotráfico, sabiendo que en este tema ha habido un interés muy especial en el Uruguay, como en el caso por el cual Arbilla (Danilo) vendió una propiedad en Punta del Este y se compró una estancia en el departamento de Flores. Por lo tanto la compra de estas acciones es un negocio redondo para los narcotraficantes» .

 

Puntos oscuros

La otra gravedad que tiene es que esta normativa «no establece qué porcentaje de las acciones van a quedar en manos del Estado. De acuerdo a declaraciones que se recogieron oportunamente cuando se discutió toda esta temática el Estado sería minoritario, pero la norma establece que va a haber dos directores nombrados por la Administracion Nacional de Puertos pero no se dice si son dos o tres en cinco».

Arregui dice que surgen otros inconvenientes, como por ejemplo que siendo un monopolio privado y entregándosele el «corazón» del puerto de Montevideo, «no está previsto el control del Tribunal de Cuentas, máxime sabiendo que quien va a formar esta sociedad anónoma es la Corporación Nacional para el Desarollo, que se ha negado permanentemente a los controles del Tribunal, por lo que estaríamos escapando a la posibilidad de controlar esto».