Pago de coimas en Aduanas era "tácito"

Los 25 despachantes de Aduanas procesados sin prisión por la jueza Letrada de 3er. Turno de Ciudad de la Costa, Mariana Mota, por el delito de «cohecho simple», por el pago «consensuado» de coimas en el Aeropuerto de Carrasco, comenzaron a notificarse ayer de la resolución judicial. La magistrada dispuso, el pasado miércoles, el procesamiento sin prisión de 25 despachantes de Aduana con actividad en el Aeropuerto de Carrasco y Zonamérica por un delito «continuado de cohecho simple». Asímismo, la jueza procesó a un ex asesor del ex director Nacional de Aduanas, Luis Salvo. El pago de coimas se realizaba porque «se había llegado a un acuerdo, sin que se requiriera para ello manifestarlo expresamente, sino que se fue dando en la práctica, adecuándose a las necesidades de ambas partes, la una la celeridad (para despachar la mercadería) y la otra la ventaja económica», dice la jueza.

El acuerdo «tácito» no le resultaba «perjudicial» a ninguno de los partícipes, por lo cual «esta situación se fue prolongando en el tiempo y se hubiera continuado de no ser porque la investigación dejó al descubierto la operativa», expresa. El pago «no se trataba de una imposición sino de un acuerdo, un pacto» el cual «convenía a ambas partes», agrega.

Los despachantes se referían al pago como «una atención» o «una costumbre», «era natural», por lo cual no tiene asidero la tesis de «imposición, coerción o sojuzgamiento» por parte de los funcionarios, tal cual alegaron las defensas de los empresarios.

El lugar «de preeminencia» del funcionario público por su cargo «no determina por si solo que ejerza control y logre inducir la ejecución de conductas por particulares que satisfagan intereses espurios». Sin coerción no hay concusión, explicó la magistrada.

El capitán Alfredo Belhot, ex asesor de Salvo, fue procesado, en tanto, por un delito de «omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos».

Los despachantes mencionaron haber denunciando ante las autoridades estos hechos «ilícitos». La sentencia indica que este extremo no llegó a comprobarse. Incluso, Belhot fue notificado de estas prácticas por los propios funcionarios, y no lo denunció ante sus jerarquías, dice la jueza.

«Ha quedado demostrado que los despachantes indagados, abonaban diversas sumas de dinero, acordadas con los funcionarios a los cuales se les entregaba las mismas, para la consecusión de un acto correspondiente al empleo del funcionario. La razón de ser de la misma era motivada, por el lado de los particulares, para que los funcionarios aduaneros cumplieran con prontitud con sus labores, rapidez que venía condicionada por las exigencias de la fuerte competencia instaurada entre los despachantes por la primacía en la cartera de clientes (importadores, exportadores). Por su parte, los funcionarios aduaneros recibían las sumas, exiguas si se atiende a cada trámite pero que resultaban importantes cantidades al final de cada jornada dado el volumen de trabajo que movilizan obteniendo un claro beneficio económico», afirma el fallo judicial.