El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, reconoció ayer que el acercamiento cada vez mayor de narcotraficantes y contrabandistas a la actividad política es un fenómeno a "tener en cuenta".

Las afirmaciones que realizó el pasado jueves el titular de la Dirección General de Represión de Tráfico Ilícito de Drogas, Julio Guarteche, durante una jornada internacional sobre prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo que se realizó en el Banco Central, referidas a que existe un acercamiento cada vez mayor de narcos y contrabandistas hacia la actividad política de manera de lograr «impunidad», generaron gran repercusión en distintos ámbitos.

En la víspera, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, dijo que ese acercamiento entre narcotraficantes y contrabandistas a la política es un fenómeno «a tener en cuenta. A la vez, afirmó que la mezcla entre redes de contrabando y narcotráfico «es un hecho cierto y que América Latina y el mundo entero han sido víctimas, en algunos casos, de la corrupción del sistema político y de funcionarios del Estado». Según el jerarca, «ello no significa que en Uruguay se haya detectado tal situación, pero se trata de un riesgo muy grande, por la potencia del narcotráfico y por la retirada del Estado de sus roles fundamentales, lo que sí ha ocurrido en nuestro país».

En tal sentido, ejemplificó que el Estado se ha retirado en «la asistencia a los adictos; en el combate del lavado de dinero y la regulación del sistema financiero deben tener injerencia directa los Estados».

Recordó que en el año 2001 el Uruguay fue señalado internacionalmente como un país que «no colaboraba en la lucha contra el narcotráfico, porque era una gran lavandería». Por otro lado, dijo que en Uruguay «existe el lavado de dinero, precisamente porque el Estado se ha retirado de sus roles reguladores».

Romani añadió que con la creación de la Secretaría Nacional de Antilavado, la legislación que se ha ido elaborando y la creación de juzgados especializados, se está enfrentando debidamente el problema. Recordó que, producto de esta política, hoy existen 24 procesados por lavado de dinero y ha crecido sensiblemente el reporte de operaciones sospechosas, que son remitidas al Banco Central del Uruguay.

La Junta Nacional de Drogas recibió ayer al representante regional y del Cono Sur de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), Giovanni Quaglia. En el encuentro estuvo sobre la mesa el balance y la evaluación de diversos proyectos sobre los que Uruguay trabaja.

Se trata de los referidos a Prevención Laboral del consumo de drogas lícitas e ilícitas; el avance del Plan de Fortalecimiento de las Comisarías de la Mujer y la Sociedad Civil para Combatir la Violencia de Género; y la Reunión de la Comisión Interinstitucional Asesora para el Sistema Carcelario.

Por otro lado, las afirmaciones de Guarteche, referidas al entrelazamiento de actividades ilícitas como el narcotráfico y el contrabando que se aproximan a la política, generaron gran malestar en el sistema político en general. Desde el Partido Nacional se maneja la posibilidad de citar al jerarca al Parlamento para que rectifique o ratifique sus dichos (ver nota aparte).

 

Moller, cuestionado

Por otro lado, la Junta Nacional de Drogas solicitará información al Ministerio de Educación y Cultura por la situación del ex fiscal de Corte, Enrique Moller -quien puede volver a ejercer dicho cargo-, que asumió la defensa de un extranjero requerido por la Justicia uruguaya por eventual lavado de dinero.

En ese marco, Milton Romani aseguró que solicitará al Ministerio de Educación y Cultura información sobre la polémica situación de Moller. Durante el año 2007, Moller pasó en comisión al Parlamento, más precisamente a la secretaría del diputado nacionalista Sergio Botana, condición que mantiene.

Además de fiscal (es decir como representante del Estado en el proceso penal), cargo que reservara, comenzó a ejercer libremente su profesión de abogado desde el estudio jurídico del ex vicepresidente de la República, Gonzalo Aguirre.

En ese marco, asumió la defensa de una persona extranjera requerida por la Justicia uruguaya y sobre quien pesa un pedido de procesamiento debido a la existencia de una semiplena prueba en su contra por lavado de dinero en Uruguay. Precisamente Moller tiene el cargo de fiscal reservado, por lo que puede volver a ejercerlo.

En el año 2001, el Uruguay fue señalado internacionalmente como un país que «no colaboraba en la lucha contra el narcotráfico, porque era una gran lavandería».