Vecinos canarios reclaman un estudio de impacto ambiental

«Un estudio de impacto ambiental debería haber sido hecho incluso antes de que se pensara en hacer un estudio de rentabilidad», dijo a LA REPUBLICA la arquitecta Alicia Artigas, integrante de la incipiente asociación de consumidores. «No entendemos además por qué se descartó de antemano un conjunto de sistemas alternativos que ya son conocidos en el mundo y son sustentables desde un punto de vista ambiental».

La arquitecta Alicia Artigas, presidenta de la filial de la Ciudad de la Costa de la Sociedad Uruguaya de Arquitectos, destacó la imperiosa necesidad de que se construya en breve una red de saneamiento y distribución de agua potable en la zona comprendida entre los arroyos Carrasco y Pando.

«De las 30 mil viviendas que se estima fueron edificadas en la zona», señaló Artigas, «apenas un 10 o un 20 por ciento contrata los servicios de una barométrica para deshacerse de las aguas servidas. El resto, casi cuatro de cada cinco viviendas, utiliza pozos negros donde las aguas residuales se filtran hasta las napas freáticas de arcilla o piedra donde forman cursos de agua contaminada que desemboca en ríos y arroyos, cuando no se acumula en cunetas donde beben perros y a veces juegan niños».

La arquitecta Artigas, (quien forma parte de Gaia, una consultora en evaluaciones de impacto territorial y ambiental), advirtió que el agua contaminada que circula bajo tierra puede llegar a introducirse en los caños de agua potable a través de roturas o conexiones deterioradas. «La urgencia de iniciar las obras es compartida por todos los vecinos».

 

Un saneamiento ecológico

Los integrantes de la asociación de consumidores de agua creada la semana pasada entienden que las autoridades sanitarias deberían tener en cuenta la posibilidad de construir un sistema de saneamiento alternativo al tradicional, sostuvo la arquitecta Artigas.

«La recolección de aguas servidas en una zona sin pendiente como Ciudad de la Costa requeriría la instalación cada tres o cuatro cuadras de plantas de bombeo costosas y complejas de mantener que podrían ser sustituidas por efluentes decantados que acumularan en cada casa los residuos sólidos para recoger por barométrica y dejara correr los líquidos», opinó.

«La contaminación que provocaría en las playas de Canelones la construcción de un emisor subacuático como el de Punta Carretas en Montevideo», continuó Artigas, «podría ser sustituido por humedales artificiales con especies que depuran las aguas o mediante piletas de oxidación edificadas y gestionadas con eficiencia».

«Nosotros», aclaró Artigas, «no decimos a priori que los sistemas alternativos sean mejores y más baratos. Lo que preguntamos es por qué fueron descartados de antemano». «Creemos además», afirmó, «que como consumidores tenemos derecho a reclamar que se haga un estudio de impacto ambiental para evitar posibles males futuros».

 

Compromisos de Estado

La naciente asociación de consumidores de agua cuenta con el asesoramiento legal del doctor Guillermo García Duchini, también integrante de los grupos vecinales que lanzaron la iniciativa durante una asamblea celebrada el pasado jueves 11 de enero. Al ser consultado por LA REPUBLICA, García Duchini explicó que el fundamento ético para crear organizaciones de vecinos que expresen los puntos de vista colectivos sobre la gestión pública o privada del agua fue fijado por los llamados «Principios de Dublin», el nombre de la ciudad irlandesa donde, en 1992, se celebró la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente. El encuentro mundial acordó la necesidad de generar mecanismos de consulta entre usuarios de gestiones de agua, y no solo entre técnicos, para evitar proyectos que generen rechazos entre los vecinos, como podría ocurrir con la construcción de la red, la que causaría daños irreparables al medio ambiente en caso de no adoptarse los debidos reparos.

Garcia Duchini subrayó que el Estado uruguayo asumió el compromiso de facilitar y promover la participación ciudadana en grupos defensores del consumidor al suscribir una directriz de la Naciones Unidas aprobada el 16 de abril de 1985.

La jueza Dora Szafir, autora de la Ley de defensa del consumidor, escribió que Uruguay «es miembro de las Naciones Unidas y su deber proviene de las directrices dictadas en 1985″ que «impone al Estado el deber de desarrollar políticas enérgicas de protección al consumidor». El espíritu del compromiso fue recogido por el artículo 42 de la Ley del consumidor, incisos D y E, donde el Estado asume, a través de la Dirección del Área del Consumidor, su deber de propiciar ámbitos de discusión y participación ciudadana para defensa de los derechos de los consumidores.