Gobierno aplica nuevas políticas sociales para reducir la pobreza

La OPP se ha convertido, a instancias del presidente de la República, Tabaré Vázquez, en el motor de la transformación democrática del Estado. En ese marco, y luego de conocerse los datos del Instituto Nacional de Estadística referidos a la reducción de la pobreza en un 4,7% y de la indigencia en un 0,4%, Ramos afirmó que ello también es parte de la transformación del Estado.

El jerarca indicó a LA REPUBLICA que la reducción de los índices de pobreza son el resultado directo de un efecto conjunto de las tres políticas fundamentales del gobierno: «el Fonasa, la Reforma Tributaria que es progresiva y redistributiva y las Asignaciones Familiares». Esto da cuenta de la importancia de tener un área de «prospectiva en materia de políticas públicas». En tal sentido, la OPP creará en breve la Dirección de Planificación y Evaluación de Políticas Públicas, la cual constará de un área de Gestión y Evaluación que se encargará de la reestructura de los ministerios, montando las unidades de planificación y monitoreo, el gobierno electrónico y creación de sistemas de información, para poder evaluar las políticas públicas. Otra de las áreas es la de Planificación y Desarrollo, encargada de crear un plan de desarrollo para el año 2015. En tanto que otra área será la de prospectiva en políticas públicas sociales. De todas maneras, para Ramos, deberá diseñarse otra batería de políticas, si se quiere bajar el núcleo duro de la pobreza. En tal sentido, aseguró que habrá que continuar mejorando el actual sistema tributario, a medida que haya un crecimiento de la economía, a través de la «reducción de algún punto del IVA, porque ello tiene un impacto fuerte sobre la canasta básica, y en aumentar las deducciones». Por otro lado, el avance en materia de políticas sociales debe pasar por tener claro hacia qué «Estado de bienestar» se apunta. Es decir, «medidas que pueden focalizar y a la vez apuntar hacia el universalismo». En ese sentido dijo que hay que atender las políticas públicas en materia de jubilaciones y pensiones, «que se llevan el 70% del gasto público social». Pero para Ramos también hay que pensar en «profundizar las políticas activas de empleo, que no desincentiven el mercado formal y al mismo tiempo atiendan a los sectores que más dificultades tienen de reinsertarse en el sistema laboral, por ejemplo, políticas de seguro de desempleo o de vivienda». Remarcó que estos son los temas en los que la izquierda debe comenzar a trabajar y que deberían integrar el programa de gobierno del Frente Amplio. «De lo contrario, este 20% de pobreza no seguirá bajando como lo ha hecho hasta ahora».

 

Reestructura estatal

En cuanto a las diferentes reestructuras que está llevando adelante el Estado, recordó que el discurso del FA ha sido «fortalecer la maquinaria del Estado». Sobre la gestión estatal «hay resultados muy tangibles». Dijo que hay seis decretos del Ejecutivo que apuntan a reformas profundas, reestructuras y creación de cargos en: «Televisión Nacional, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (como en las direcciones de Medio Ambiente, Vivienda, Control Territorial y Saneamiento); Auditoria Interna de la Nación, Instituto Nacional de Estadística y Servicio Civil. El costo total de estas reformas es de US$ 7 millones, que se desagregan de la siguiente manera: Estadísticas, US$ 2,6 millones; Servicio Civil, US$ 1,3 millón; Auditoria Interna, US$ 1,2 millón; Vivienda, 1 US$ millón; y Dirección General de la Salud, US$ 965 mil». Por otro lado, Ramos remarcó la fuerte intención de la OPP de reforzar el accionar de los directores generales de secretaría de los ministerios para que puedan tener un buen «panóptico de la situación del ministerio» y logren planificar, junto al ministro y directores de áreas ejecutoras, una mejor gestión ministerial.

«A estas altas conducciones se asciende por carrera, pero se les asigna la función de conducción, atada a un compromiso de gestión que sí implica más dinero, pero que, si no se cumple puede perder ese compromiso», indicó Ramos. Este decreto de reestructura, fija un plazo de 180 días para estudiar las excedencias, o sea que no solamente se aumenta el personal. «Esto significa que si la persona es muy valiosa, entonces, cuando se jubila, se suprime el cargo porque el mismo estaría sobrando, si tiene que recapacitarse así se hará o se lo redistribuye». Esto quiere decir que «la prioridad no es achicar el Estado porque primero se lo refuerza en aquellas áreas que lo necesitan», regularizando funcionarios y fortaleciendo el aparato estatal y todo ello «sin carnaval electoral».