Sancionaron la ley de hábeas data  que garantiza acceso a información

Los diputados tuvieron un día agitado. Mientras que por aquí transcurría la sesión, por allá la bancada del Frente Amplio pretendía ponerse de acuerdo sobre las características de la ley de reforma de la Caja Bancaria (ver página 2). Tanto preocupaba esto que, por momentos, en la sala de sesiones no había más que 20 representantes.

El diputado Diego Cánepa (Nuevo Espacio) fue el responsable de informar, algo desordenadamente y bastante apurado, las características de la ley de «derecho de acceso a la información pública». Dijo que «es la contraparte de la ley de protección de datos», esa que entre otras cosas le dará a usted la posibilidad de decidir si quiere o no figurar en la guía telefónica, entre otras cosas.

Esta ley, aprobada ayer en tan solo 30 minutos, obliga a toda repartición del Estado a brindar la información requerida por la ciudadanía salvo excepciones que tienen que ver con datos del Estado que comprometerían la defensa o la seguridad nacional.

Hay una excepción. Se establece un «período de reserva» de 15 años para determinada información «que nunca tendrá que ver con datos vinculados a violaciones de los derechos humanos». A su vez, cuando el Poder Ejecutivo promulgue la ley empezará a correr un plazo de dos años para la adecuación de los registros informativos de los organismos del Estado, período en el cual los jerarcas públicos podrán argumentar su negativa a brindar información «ante la imposibilidad de ubicarla». El diputado Jaime Trobo (Herrerismo) fue el único legislador de los 45 que en ese momento había en sala que votó en contra. Anunció que «en el futuro (la ley) deberá ser interpretada». También se aprobó la ley referida a penar los atentados contra la regularidad de las telecomunicaciones. Se estableció una pena de 3 años de prisión a aquel que, por cualquier motivo, atente contra los sistemas de telecomunicación. Pasó al Poder Ejecutivo. Otra ley sancionada fue la referida a la responsabilidad civil del Estado por daños causados a terceros en la ejecución de los servicios públicos. Pasó al Senado. Actualmente de gira por Estados Unidos, José Antonio Rodríguez Larreta recibirá una pensión graciable por parte del Estado, equivalente a cuatro prestaciones básicas. En los argumentos manifestados para la pensión estatal se dice que «carece de jubilación y de toda forma de ingreso, excepto la moderada (sic) retribución que percibe por las notas en el diario El País y que resulta un ingreso insuficiente para sostener un nivel de vida digno». Doce legisladores de todos los partidos políticos se refirieron ayer al extinto dirigente de AEBU Juan José Ramos. Gustavo Bernini, emocionado hasta las lágrimas, logró también conmover a las barras. Luego de Bernini, que ya hubiera sido suficiente por el contenido de su relato, hablaron Javier García, Washington Abdala, Iván Posada, Eloísa Moreira, José Luis Blasina, Luis Rosadilla, Juan Andrés Roballo, Juan José Bentancor, Jorge Pozzi, Sergio Botana y Gustavo Espinosa.