División de ediles por concesión de guardavidas

Danilo Albín – Canelones

«En la sesión extraordinaria del miércoles todo es posible», afirmaron ayer calificadas fuentes políticas del departamento, quienes destacaron que de obtener un voto de la 15 o de la Lista 321 del empresario Julio Sánchez Padilla –cuyo curul titular es Jorge Trigo–, el Encuentro Progresista – Frente Amplio (EP-FA) y el Partido Nacional alcanzarían las 16 voluntades requeridas para aprobar el crítico informe realizado en minoría por ambas colectividades.

Semanas atrás, la mayoría del deliberativo comunal había decidido conformar una comisión investigadora que analizara la presunta existencia de irregularidades durante el proceso licitatorio efectuado por el gobierno departamental para privatizar el servicio de guardavidas.

En aquella instancia, el Foro Batllista designó a los ediles Julián Ferreiro y Ana de Armas para integrar dicho grupo, mientras que la Lista 15 quedó representada por los curules Armando Berreta y Jorge Alvear, pertenecientes al espacio conducido por Brause, el cual suele acompañar las posturas del oficialismo canario, marcando una clara división dentro del sector que lidera el presidente Jorge Batlle.

 

Todo bien

El informe en mayoría, elaborado por el Foro y los ediles afines a Brause, sostiene que la citada comisión «efectuó un análisis de la situación planteada, no encontrando irregularidades en el procedimiento licitatorio investigado». Destaca que esta postura «es avalada por la resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas el 13 de diciembre de 2000, lo cual manifiesta que el procedimiento seguido se ajusta a lo previsto por el artículo 33 y siguientes del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf)».

Según los curules oficialistas, «no se presentó ningún tipo de documentación probatoria que genere cuestionamientos en relación al procedimiento licitatorio», lo cual les permite asegurar que «no ha existido irregularidad alguna».

 

Todo mal

Mientras tanto, el informe presentado en minoría, por los ediles encuentristas Ruben Suárez y Juan Carlos Souza y el nacionalista Roberto López Pedraja, denuncia que «la empresa Lagotur Sociedad Anónima –ganadora de la licitación– no cumplió en tiempo y forma con condiciones que figuran en el Pliego Particular de Condiciones».

Al indicar las supuestas «faltas» en que incurrió la mencionada firma, señala la «idoneidad y capacitación del personal de guardavidas acreditada por la Comisión Nacional de Educación Física (CNEF)», «presentación de ficha médica, expedida por la CNEF», «presentación de seguros contra todo riesgo o responsabilidad civil (factor este excluyente y causal de recisión de la ajdudicación y contrato respectivo)» e «incumplimiento de la obligatoriedad de presentar dos responsables operativos del sistema».

Los ediles firmantes expresan que Lagotur tampoco presentó la «declaración de que poseen recursos técnicos, materiales, administrativos, comerciales y financieros, así como constancia de antecedentes en la actividad que se licita», ni «antecedentes documentados emitidos o certificados por la Prefectura Nacional Naval o la CNEF».

Advierten además que no se registró la «presentación de certificado de buena conducta ni carné de salud», así como el requerimiento que que «el 50% del personal se domicilie en el departamento de Canelones» (cuestionado por miembros de la comisión asesora y la dirección de la asesoría notarial).

Respecto al contrato suscripto entre la IMC y Lagotur, afirman que se constataron «incumplimientos» en la «obligación de acreditar la suscripción del contrato respectivo con la asistencia médica movil en el plazo de dos días hábiles, establecidos en el contrato, de acuerdo al artículo 42 del pliego particular de condiciones y numeral 11 fojas 14 de la oferta de Lagotur».

«No surge que la comisión asesora de la licitación hubiera requerido asesoramiento técnico, a los efectos de evaluar los elementos necesarios para la correcta prestación del servicio», indican, remarcando que «los hechos documentados demuestran que el tráfico de información y tratamiento preferencial –en fechas muy anteriores a la publicación del llamado a licitación del servicio de guardavidas– hacia personas vinculadas a Safe Limitada y que hoy aparecen como integrantes de Lagotur, dio como resultado que esta fuera designada como adjudicataria del servicio».

Ante esa situación, proponen al legislativo «observar a la comisión asesora por haber aconsejado la adjudicación del servicio a una empresa que no llenaba los requerimientos exigidos en el pliego particular de condiciones» y cuestionar al intendente «por no prever rubros para la prestación del servicio de guardavidas y haber llamado a licitación sin contar con los rubros legalmente previstos». Al término del documento, plantean «elevar los obrados al Tribunal de Cuentas para su conocimiento». «Como consecuencia de todo lo expuesto se aspira a que el intendente rescinda el contrato suscripto con la empresa Lagotur», agrega el texto.