Nueva polémica entre los abogados y la SCJ

El Colegio de Abogados marca su preocupación por priorizar la preservación de la infraestructura humana sobre la locativa, entendiendo razonable jerarquizar el gasto atinente a la función jurisdiccional y a las retribuciones personales «en detrimento de cualquier desarrollo de servicios administrativos dentro del P. Judicial». Señala como lógico postergar las inversiones edilicias y el desarrollo del programa de mediación, priorizando la propuesta de los funcionarios de cobrar un viático por alimento y la cuota mutual, y destinar los recursos de informática a desarrollar un programa de acceso a las terminales de los juzgados «que permita controlar la marcha de cada escrito y de cada expediente».

«Al momento de escribir este editorial, las oficinas del P. Judicial no funcionan; el acceso a la Justicia está perjudicado; el ejercicio de la abogacía se ha tornado prácticamente imposible. El Colegio, que sabe por experiencia que justiciables y abogados son víctimas propiciatorias de las luchas presupuestales del P. Judicial, había manifestado ya desde el año pasado sus preocupaciones a dirigentes de diferentes partidos políticos con los cuales mantuvo reuniones por el plebiscito concerniente a la independencia del P. Judicial. Y el editorial de la primera Tribuna de este año, la No. 115 (enero-marzo 2000) fue dedicado enteramente al presupuesto del P. Judicial. En dicho editorial se puso énfasis en el importante caudal de votos (más del 40%) que el proyecto de enmienda constitucional había obtenido de la ciudadanía, pese a contar con escaso apoyo de los partidos políticos, mencionándose que a fines del pasado año el gobierno electo había manejado públicamente la posibilidad de transferir al P. Judicial cierto porcentaje de los recursos que con amplitud disponía el Poder Legislativo», comienza expresando el editorial de Tribuna del Abogado.

 

Priorizar función jurisdiccional

«Como se sabe, el Colegio está preocupado por el tiempo que la Suprema Corte de Justicia dedica a los asuntos administrativos del servicio en relación con el que dedica a la función jurisdiccional (80% y 20% respectivamente) y, en la actual coyuntura crítica, también está preocupado por la preservación de la infraestructura humana más que por mejoramiento de la infraestructura locativa. De manera que entiende razonable priorizar todo gasto atinente a la función jurisdiccional y a las retribuciones personales en detrimento de cualquier desarrollo de servicios administrativos dentro del P. Judicial», dice en otro pasaje el editorial.

Agrega que «dentro de esta concepción le parece lógico, por ejemplo, postergar hasta mejor momento las inversiones edilicias –que insumen buena parte del proyecto de la Suprema Corte–; el desarrollo del programa de mediación –que importa la creación de diez cargos de mediadores con sueldos bastante parecidos al de los jueces– y el desarrollo del sector informático del P. Judicial hacia direcciones ajenas a la que tiene que ver con el acceso a las terminales de los Juzgados. En cambio, por ejemplo, le pareció lógico priorizar la propuesta de los funcionarios de cobrar un viático por alimento y la cuota mutual –que tiende a reducir las diferencias salariales entre magistrados y administrativos a la vez que contempla las urgencias de los funcionarios peor remunerados–; solicitar la creación de algún cargo más de ministro suplente, tendiente a solucionar el problema de las desintegraciones de los Tribunales de Apelaciones (lo que afecta directamente a la función jurisdiccional); y destinar los recursos destinados a informática a desarrollar un programa de acceso a las terminales de los juzgados, que permita controlar la marcha de cada escrito y de cada expediente con exclusión de otros programas. Son meros ejemplos».

«El Colegio está muy preocupado con el futuro del actual conflicto porque podría prolongarse más allá de la instancia de la ley presupuestal. Nótese que aún en la improbable hipótesis de que el Parlamento otorgara todo lo solicitado por la Suprema Corte de Justicia al P. Judicial, los factores de su generación permanecerían intactos, pues actuarios y funcionarios –también motores del servicio–mantendrían su diferencia sustancial. En el mensaje Complementario del P. Ejecutivo se prevé el otorgamiento de una partida adicional para el P. Judicial pero con destino demasiado variado: perfeccionamiento técnico de los magistrados, viáticos por alimentos, desarrollo edilicio, funcionamiento del servicio. No es difícil predecir lo que vaya a suceder cuando la Suprema Corte concretamente decida acerca del destino específico de estos rubros. Nuevos conflictos se avecinan entonces», concluye el artículo.