Asociación ilícita de militares secuestró y acabó con Berríos

La decisión del juez chileno Alejandro Madrid de procesar a tres militares uruguayos y una veintena de chilenos por el asesinato en Uruguay del químico Eugenio Berríos en 1992 terminó por confirmar una serie de hechos en los que el Ejército uruguayo estuvo implicado luego de la dictadura.

Los oficiales Tomas Cassella Santos, Eduardo Radaelli Copolla, Wellington Sarli Pose fueron procesados en Chile por los delitos de «secuestro» y «asociación ilícita», ante las pruebas de su participación en el crimen de Berríos, pero el juicio en Chile deja aún abierta la responsabilidad institucional del Ejército uruguayo. Además de Berríos, otros dos militares prófugos de la justicia chilena, los mayores Carlos Herrera Jiménez y Arturo Sanhueza Ros, también estuvieron secuestrados en Montevideo bajo custodia militar uruguaya. Uno de ellos fue «hospedado» en la casa del propio oficial Wellington Sarli, según había adelantado LA REPUBLICA. La indagatoria chilena también evidencia la falta de voluntad política en Uruguay para esclarecer lo ocurrido, en la medida en que ningún documento o informe de Estado sobre el tema ha sido notificado y nunca se diera una «explicación valedera» por la desaparición de la denuncia en la comisaría de Parque del Plata. La decisión del juez Madrid también deja constancia del incidente parlamentario uruguayo de 1993 en el que se mintió sobre la presencia de Berríos en Milán, y de los simples arrestos disciplinarios sufridos por Radaelli y Sarli y el relevo del jefe de Policía de Canelones, Ramón Rivas, pese a sus evidentes implicancias.

 

Berríos viaja a Uruguay

En el acta de procesamiento, a la que accedió LA REPUBLICA, el juez Madrid recuerda que Eugenio Berríos, alias «Hermes», no compareció en el proceso judicial sobre el homicidio del ex canciller chileno Orlando Letelier, cuando fue citado con fecha 2 de octubre de 1991. Berríos había sido señalado por Alejandra Damiani Serrano, la ex secretaria del agente de la CIA Michael Townley (autor material del asesinato de Letelier), como uno de sus colaboradores en el proyecto químico «Andrea» con el que la dictadura chilena procuraba elaborar gas «Sarín» para la eliminación de sus opositores. Damiani afirmó ante la justicia de su país que el «Sarín» habría sido utilizado para asesinar al diplomático español Carmelo Soria, representante de Cepal, el 14 de julio de 1976, pero Berríos tampoco compareció en esa causa y la justicia chilena terminó ordenando su detención el 8 de noviembre de 1991. El juez Madrid comprobó que en la Dirección de Inteligencia del Ejército chileno existía una Unidad Especial denominada «Asesoría de Análisis», a través de la cual Berríos fue «escondido» en un subsuelo del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) para que no fuera a declarar ante la justicia. En el juicio se demostró que el general Ramírez Rurange, entonces Director de Inteligencia, ordenó al oficial Pablo Rodríguez Márquez sacar a Eugenio Berríos del país y acompañado por el funcionario de la DINE Raúl Lillo Gutiérrez viajaron en auto a Río Gallegos y de ahí en avión a Buenos Aires. En el aeropuerto porteño los aguardaba el mayor Arturo Silva Valdez, oficial de la «Unidad Especial» chilena, quien los alojó en un hotel durante dos días y luego los trasladó por vía fluvial a la ciudad de Colonia, Uruguay, donde Berríos quedó a cargo de Silva Valdez y Lillo Gutiérrez regresó a Chile. Berríos ya no regresaría.

 

Otros dos ocultamientos

No era esta la primera vez que Uruguay servía de refugio para testigos que los militares chilenos no querían que declararan en las causas judiciales iniciadas en Santiago. Una operación de inteligencia similar se había realizado antes con el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez y con el mayor (r) Arturo Sanhueza Ros. Esos dos militares chilenos también habían sido traídos a Uruguay y «con la cooperación de oficiales del ejército de ese país, se les mantuvo fuera del alcance de la justicia chilena por encontrarse comprometidos en procesos de violaciones a los Derechos Humanos», según establece el juez Madrid. Estos operativos realizados entre las fuerzas armadas de Chile y de Uruguay durante la democracia posdictatorial eran conocidos dentro de la DINE como «Control de Bajas» y se mantenían carpetas sobre la situación de los tres agentes, cuyos gastos de estadía eran solventados con fondos del Estado chileno. Por estos ocultamientos, la justicia chilena resolvió procesar también a dos funcionarios de la «Asesoría de Análisis» (la secretaria Erika Silva Morales y el suboficial Nelson Hernández Franco). En Uruguay, al Ejército no se le han pedido aún explicaciones sobre estas operaciones clandestinas.

 

El enlace con Radaelli

El 14 de diciembre de 1991, al asumir como nuevo director de Inteligencia del Ejército el general Eugenio Covarrubias Valenzuela, fue informado sobre la situación de Berríos en Uruguay y sobre la necesidad de mantenerlo vigilado ya que su estilo de vida y afición al alcohol habían causado problemas en ese país. La sentencia del juez Madrid indica que en los informes al nuevo director se subrayaba el caso Berríos: «debido a que esta operación fue apoyada por militares de la Inteligencia uruguaya, debe evitarse la repetición de episodios que pueden involucrar a ese organismo y deteriorar las relaciones institucionales», se afirmaba. Entre el 13 y el 16 de noviembre de 1991, el coronel chileno Manuel Pérez Santillán, ex integrante de la DINA y la CNI, quien tenía amistad con Berríos, viajó a Uruguay por orden de Ramírez Rurange para «tranquilizarlo a raíz de que se le informó que quería denunciar su situación en una comisaría». En 1992 Eugenio Berríos había pasado a residir en la calle Buxareo 1117, apto. 403, en Pocitos, y su casa era controlada permanentemente por militares chilenos que se turnaban en la custodia, quienes debían informar al oficial uruguayo Eduardo Radaelli Copolla sobre cualquier problema que se produjera. El capitán Eduardo Radaelli era oficial en actividad del Ejército que respondía al mando del general Mario Aguerrondo, entonces director del Servicio de Información y Defensa (SID), y al entonces comandante en jefe del Ejército, general Juan Modesto Rebollo, bajo la presidencia de Luis Alberto Lacalle.

 

A cargo de uruguayos

A principios de julio de 1992 viajaron a Montevideo el suboficial Marcelo Sandoval Durán y Raúl Lillo Gutiérrez, para relevar al cabo primero Nelson Roman Sandoval, quien se encontraba en Uruguay vigilando a Berríos desde el 26 de mayo de 1992. Según el expediente, Berríos estaba «cansado de su estadía en Uruguay en una retención forzada y manifiesta que deseaba volver a Chile y que no le importaba declarar en el denominado «Caso Letelier», situación que había sido informada por Sandoval Durán a las autoridades chilenas. El 11 de noviembre, Berríos tiene un primer «desacato» y llama telefónicamente al consulado chileno para obtener documentación que le permitiera regresar a su país, ya que estaba siendo «perseguido» y también se comunica con el agregado cultural Emilio Rojas Gómez, a quien conocía. Es entonces –según el acta judicial– que el capitán Eduardo Radaelli se encarga de trasladarlo a Parque del Plata. Sandoval Durán regresa a Chile y Berríos quedó bajo exclusiva vigilancia de Radaelli y de los militares uruguayos Tomás Cassella Santos y Wellington Sarli Pose, también integrantes del SID.

 

Fuga en Parque del Plata

En la mañana del 15 de noviembre, Berríos elude su guardia uruguaya y busca ayuda en una finca cercana, que pertenecía a un capitán de la Armada, por lo que vuelve a huir y llega a la comisaría local gritando haber sido secuestrado por militares chilenos y uruguayos que lo iban a matar por orden de Pinochet. Antes de que Berríos llegara a la comisaría, uno de los oficiales del Ejército uruguayo había ido a la Policía para explicar que «se había escapado una persona que estaba bajo su cu
stodia y que este era un asunto muy grave que le podía costar su vida», subraya el acta de la causa judicial chilena. Alertados de la presencia de Berríos, algunos militares uniformados y otros de civil llegaron a la seccional policial y alegaron que el químico chileno era una persona con sus facultades mentales perturbadas y que debían entregárselo. El comisario Libio Hernández decidió llevar a Berríos a un médico para que lo diagnosticara. Lo trasladaron a un policlínico y, cuando quedó a solas con el médico, Berríos le cuenta que estaba secuestrado y en peligro de muerte por lo que le pide al facultativo que llame a la Embajada de Chile y advierta de su situación. El médico encontró a Berríos cuerdo y lo devolvió a la Policía.

 

«El caso está cerrado»

A esa altura de los acontecimientos, se dio cuenta de los hechos al jefe de Policía de Canelones, coronel (r) Ramón Rivas Vila, quien pidió información al Ejército sobre si había fugado algún detenido de esa institución. Le dijeron que no, por lo cual terminó por ir en persona a la comisaría de Parque del Plata. Rivas recibió un llamado del Ejército que le anunció que un militar viajaría a explicarle los hechos. Fue entonces que llegó el teniente coronel Tomás Casella (quien en febrero de 1993 sería custodio del propio general Augusto Pinochet en Montevideo), quien convence a Berríos de retirar la denuncia e ir con ellos. Berríos vuelve a ser llevado a una unidad médica, donde le esperaban el oficial chileno Jaime Torres Gacitúa y el uruguayo Wellington Sarli, quienes se llevan a Berríos. Los antecedentes de la denuncia en la comisaría fueron inutilizados por el coronel Rivas y luego desaparecidos del «Libro de novedades». Torres Gacitúa había llegado junto al también chileno Arturo Silva Valdés a Uruguay y se estaban alojando en la casa del propio Wellington Sarli, donde se encontraba oculto otro prófugo de la justicia chilena: el mayor del Ejército Arturo Sanhueza Ros. El 16 de noviembre de 1992 Torres Gacitúa regresó a Chile y dos días después lo hizo Silva Valdés. Cesaron los viajes a Uruguay para custodiar a Berríos y se rescindió el alquiler de Buxareo. En la Unidad Especial, Silva Valdés dijo que «el caso está cerrado» y que Berríos quedó «a cargo de los militares uruguayos».

 

Mentiras al Parlamento

Nadie más volvió a ver a Berríos. El tema recién tomó estado público en junio de 1993 por una denuncia anónima a un legislador sobre lo ocurrido en la Comisaría de Parque del Plata y el Parlamento pidió explicaciones a los ministros del Interior y Defensa del gobierno de Lacalle. Las actas de la sesión del 8 de junio de 1993 en el Senado uruguayo evidencian la crisis institucional que el incidente provocó y dan cuenta del ocultamiento que hasta el día de hoy se mantiene sobre lo que realmente sucedió en aquellas horas en las que se produjo un «golpe de Estado» técnico, con el desacato del Ejército. El propio comandante del Ejército, Juan Rebollo, acompañado de un grupo de generales, se insubordinó al presidente Lacalle y rechazó cualquier sanción contra los oficiales militares que intervinieron en el secuestro de Berríos. Casella y Radaelli sólo recibieron un arresto disciplinario. El desacato no trascendió entonces y el Parlamento archivó el tema cuando desde Italia el embajador uruguayo Julio César Lupinacci (el mismo que en dictadura elaboró un informe sobre la desaparición de Elena Quinteros) envió una foto trucada en la que Berríos (ya muerto) aparecía leyendo un diario en Milán. La verdad comenzó a emerger el 13 de abril de 1995, cuando en la arenosa península de la desembocadura del Arroyo Pando en el Río de la Plata fue «casualmente» encontrado un esqueleto semienterrado con el cráneo baleado, que terminó por ser identificado como el cuerpo de Eugenio Berríos.

 

Procesamientos en Chile

La indagatoria del juez Alejandro Madrid concluye que la última vez que se vio a Berríos con vida fue aquel 15 de noviembre de 1992, cuando estaba bajo custodia de militares chilenos y uruguayos. Algunas pericias fijaron la fecha de la muerte en marzo de 1993, pero los detalles de su asesinato siguen siendo desconocidos. El juez Madrid destaca que los hechos hayan ocurrido durante la vigencia del orden institucional en ambos países, en los que personal militar activo de Chile y Uruguay formó una organización paralela, para coordinar el ocultamiento de prófugos de la justicia chilena. El magistrado trasandino considera que se cometieron los delitos de secuestro con homicidio, secuestro, asociación ilícita y obstrucción a la justicia, por los que acusa a una veintena de militares chilenos implicados y a los tres oficiales del Ejército uruguayo que habían sido extraditados el 19 de abril de 2006. La causa chilena continuará ahora con la decisión del plenario de justicia, donde se terminará por condenar a los responsables de la muerte de Berríos. En Uruguay, el caso continúa archivado en el Juzgado de Pando, a la espera de nuevos elementos que permitan, quizás definitivamente, su reapertura.