Fiscales contra resabio dictatorial

El gremio remitió al fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Rafael Ubiría, y a las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) un anteproyecto de ley por el cual se pretende «modernizar» la Ley Orgánica del Ministerio Público, con propuestas técnicas y de organización administrativa.

La modernización de la Ley Orgánica contendría como elemento central la derogación total del Decreto Ley Nº 15.365, promulgado por el Consejo de Estado de la dictadura en 1982, y cuya redacción prohíbe a los fiscales expresarse libremente, bajo amenaza de sanción.

En este sentido, el artículo 43 del proyecto expresa que «los fiscales gozarán de libertad de expresión, asociación y reunión conforme a la normativa nacional e internacional», así como «podrán tomar parte de debates públicos sobre cuestiones relativas a las leyes, la administración de justicia, el fomento y protección de los derechos humanos, y en todo lo relativo a la organización y funcionamiento del servicio que integran».

Asimismo, el proyecto de AFU propone la creación de un Consejo Superior Asesor de cinco miembros «de carácter honorario» con amplias competencias, entre las cuales se encuentra el nombramiento de fiscales, ascensos y traslados de los magistrados del Ministerio Público.

El Consejo Asesor tendrá competencia además en «los procedimientos correctivos y disciplinarios de los funcionarios que integran el Servicio» y en la elaboración de «criterios generales de actuación del Ministerio Público y Fiscal», dice la redacción.

Además, podrá proponer «pautas relativas al funcionamiento institucional» y será competente en la «elección de los integrantes de los Tribunales de concurso y calificación».

Las «recomendaciones» del Consejo serán «no vinculantes», pero en caso de apartarse de las mismas ,»el Fiscal de Corte lo deberá hacer por resolución fundada», dice el proyecto. Sin embargo, la propuesta más ambiciosa de AFU radica en el artículo 1º del proyecto. «El Ministerio Público y Fiscal aspira a constituirse en un órgano extrapoder, a semejanza del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas, y Corte Electoral, como sucede en la mayoria de los países que han encarado reformas modernas a sus Ministerios Públicos», dice el proyecto.

La idea es sustraer el Ministerio Público y Fiscal de la órbita del MEC de forma de «acentuar la independencia» de los magistrados.

La idea es alcanzar un Ministerio Público con las características de «un ente autónomo o servicio descentralizado», indicaron fuentes de AFU a LA REPUBLICA.