Con votos frentistas, se flexibilizaron las condiciones para el acceso a la jubilación

Desde ayer ya tiene media sanción el proyecto de ley que reforma el acceso a la jubilación gracias a los votos de todos los partidos con representación parlamentaria. Cuando el gobierno promulgue esta ley que ahora pasó al Senado, será posible acceder a la jubilación con 60 años de edad y 30 de trabajo y no con 35 como ocurre actualmente, entre otras modificaciones.

El debate de esta iniciativa en esta cámara legislativa tuvo ribetes extraños. Por momentos parecía que desde la misma bancada de gobierno se estaba confesando que el proyecto en cuestión era algo así como un «peor es nada» y en otros pasajes se daba la sensación de que se estaba hablando de la mejor reforma jubilatoria de todas las épocas. El diputado José Luis Blasina (Partido Socialista) fue el informante del tema y quien más lo defendió durante toda la sesión. Enrique Pintado (Asamblea Uruguay) y Esteban Pérez (MPP) hicieron también lo suyo aunque sus intervenciones sirvieron más que nada para la polémica que en determinado momento se originó y que llegó a decibeles casi peligrosos. Desde filas del Partido Nacional cada uno de sus legisladores que hicieron uso de la palabra se apuraban a dejar en claro que, si bien daban su voto afirmativo a la iniciativa, criticaban que al proyecto le faltó «debate» y «análisis» en el Parlamento. La ley, en su estado embrionario, estuvo en la Comisión de Seguridad Social de Diputados solamente por un día; tiempo escasísimo para desentrañar sus artículos y escuchar la opinión de los directamente afectados por los futuros cambios, por cierto. Pero las críticas no terminaban allí. Los mismos nacionalistas se animaron a vaticinar que «como el próximo gobierno será de nuestra colectividad esta ley, como tantas otras votadas por este Parlamento sufrirá modificaciones». El responsable de este pronóstico fue el diputado Daniel Mañana.

Los reproches del Partido Nacional cruzaron incluso el imaginario límite de lo legislativo y llegaron a las épocas en que la izquierda era oposición y cuestionaba el régimen provisional vigente y, por añadidura, la creación del sistema privado de jubilación conocido con la sigla de «AFAP». Pablo Abdala (Herrerismo) recordó en su verba que, cuando a impulso del Frente Amplio se recolectaron adhesiones con el ánimo de plebiscitar la entonces ley de creación de las AFAP, «hubo fraude en la recolección con firmas que se repetían».

La respuesta no se hizo esperar. Blasina dobló la apuesta y acusó a la Corte Electoral (hoy conformada con los mismos integrantes de hace 12 años atrás) «que operó para que las firmas no se alcanzaran para plebiscitar la ley de las AFAP».

La diputada Sandra Etecheverry (Alianza Nacional) quiso terciar en la polémica y salió a defender la honorabilidad de los funcionarios de la Corte, a los que, sin embargo nadie, ayer en la sala, acusó de nada. (Sandra, con respeto, debes prestar más atención).

Carlos González Alvarez (Alianza Nacional) puso un manto de piedad y con una intervención más técnica y contemplativa que política, notó que el proyecto en debate no modificaba los topes jubilatorios actuales, tampoco el período de los 10 últimos años aportados en los que se basan para fijar la remuneración jubilatoria y que también se mantiene sin cambios la pensión a la vejez y la jubilación por incapacidad. «Este proyecto es una tímida mejora» dijo y se silenció esperando a que alguien le contestara.

 

Los cambios previstos

El proyecto aprobado está lleno de artículos con cálculos, porcentajes y promedios que sería hartamente enojoso desentrañar en esta crónica. Sí se puede señalar que la futura ley tiene en cuenta las dificultades para reinsertarse en el mercado laboral de los trabajadores cercanos a la edad de retiro que eventualmente pierdan el empleo; contempla también la desigualdad que existe entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, en el que las féminas tienen una menor densidad de cotización a la seguridad social por razones maternales, entre otras. A partir del 1º de julio del 2009, cuando la ley rija en todo su esplendor, la causal jubilatoria será de 30 años de servicio con un mínimo de 60 años de vida.

Se establece también una tasa de reemplazo del 45% (se rebaja la actual en un 5%) y se habilita el acceso a la jubilación a personas de 58 años de edad y 28 de servicio siempre y cuando hayan estado desocupados por un período no menor a un año inmediatamente anterior a la solicitud del beneficio.