Reducción en Salto Grande "pone en riesgo la producción de energía eléctrica"

Diego Fernández – Salto

La eliminación de puestos de trabajo así como la tercerización de servicios hacen peligrar el adecuado mantenimiento de la represa de Salto Grande «incluso pone en riesgo la producción energética», según lo denunciaron a LA REPUBLICA la gremial de trabajadores del organismo binacional.

Alfredo Capó, Héctor Fava y Rodolfo Nario, dirigentes de la Asociación de Trabajadores Uruguayos de Salto Grande y del Sindicato Argentino de Trabajadores de Salto Grande, explicaron una resolución de las asambleas respectivas en las cuales se rechazan los citados recortes.

Fava agregó: «consideramos que es correcto hacer más eficiente a la empresa, pero lo único que se limita es a buscar la reducción de costos mediante el achicamiento de los puestos de trabajo. La represa vivió períodos de mayor crudeza privatizadora hace unos cinco años. Creemos que ese fantasma aún no está fuera de la empresa, ya que los grupos económicos que en la Argentina tienen el dominio del manejo energético, aún conservan sus operadores. Es una embestida permanente y son los tecnócratas que siempre sirven al gobierno que sea».

La eliminación de 12 puestos de trabajo, según los trabajadores, ponen en riesgo «el correcto mantenimiento de la represa binacional. En 1990 había 812 trabajadores, pero actualmente quedan 512, no se reponen los funcionarios que se jubilan o renuncian y se tercerizan servicios. Ello influye más que nada en el mantenimiento y ponen en riesgo la producción de energía de Salto Grande, la cual para el Uruguay significa un 60 por ciento de su abastecimiento».

Alfredo Capó explicó que «en el último Presupuesto Salto Grande ha sido tomado como una empresa subvencionada que da pérdidas al Estado, cuando ella produce una gran riqueza para el país». La resolución de la asamblea de trabajadores de ambas márgenes hace referencia a la resolución 160/200 de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) por la cual «se eliminan puestos de trabajo, afectando al futuro la posibilidad de ingreso de nuevos trabajadores, en momentos en que la región padece un alto índice de desocupación».

«Que la Mesa Coordinadora –agregan– ha luchado históricamente por el mantenimiento y creación de fuentes de trabajo en la región, la no privatización de una empresa altamente rentable y el cumplimiento de las pautas fijadas por el Tratado de 1945. Que en SG se han tercerizado numerosas tareas beneficiándose a empresas privadas que pagan salarios de hambre y que además desarrollan su tarea en forma totalmente precaria en cuanto a elementos que atañen a la seguridad e higiene industrial».

Concluyen en que «el patrimonio de SG se deteriora día a día, sin que surjan de su ajustado presupuesto las posibilidades de efectuar un mantenimiento adecuado de sus instalaciones y/o maquinaria con muchos años de funcionamiento, poniendo en riesgo la producción energética principalmente de la ROU, dado su alto grado de dependencia (60%) con la producción de la represa».