Justicia chilena acusó a militares  uruguayos por el caso de Berríos

El juez Alejandro Madrid acusó formalmente ayer a 16 militares chilenos y a tres uruguayos, con cargos que van desde «homicidio» hasta «asociación ilícita», por el secuestro y asesinato del ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el bioquímico Eugenio Berríos.

El coronel retirado Tomás Casella y sus pares en actividad, coronel Wellington Sarli y capitán Eduardo Radaelli, todos extraditados al país trasandino en 2006, fueron acusados por el magistrado como autores de los delitos de «secuestro» y «asociación ilícita», tras una extensa investigación judicial.

El juez Madrid, en tanto, realizó la acusación formal por «secuestro y homicidio» contra el mayor (r) Arturo Silva Valdés, considerado autor material del asesinato, y por encubrimiento contra el general (r) Eugenio Covarrubias Valenzuela. Ambos militares, ex funcionarios de la DINA.

El magistrado tipificó además el delito de «secuestro» para el general (r) Hernán Ramírez Rurange, ex director de la DINA, el mismo Eugenio Covarrubias y los ex oficiales Manuel Provis, Pablo Rodríguez Márquez, Jaime Torres, Manuel Pérez Santillán, Marcelo Sandoval y Nelson Román.

La indagatoria por «asociación ilícita» involucra no sólo a los militares uruguayos, sino a los generales Ramírez Rurange y Covarrubias, al ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva, entre otros militares y civiles, como Raúl Lillo Gutiérrez, ex empleado del Ejército.

Además, cinco personas (Mario Cisternas, Marcelo Sandoval, Nelson Román, Nelson Hernández y Erika Silva Morales) fueron acusadas de infringir el artículo 295 bis del Código Penal chileno, por el cual se castiga a los funcionarios públicos que no cumplan su obligación de denunciar un delito.

Los tres militares uruguayos acusados fueron extraditados y encausados por el secuestro del bioquímico chileno, pero pese a obtener la libertad provisional sobre finales de ese año, el magistrado dispuso una orden de arraigo la cual les impidió abandonar el país mientras se desarrollaba la causa.

El proceso Berríos se sigue bajo el antiguo Código Penal chileno, por lo cual ahora se iniciará la etapa sumarial, con la acusación por parte de querellantes y los descargos de las defensas, hasta una nueva instancia de sentencia por parte del magistrado.

Eugenio Berríos estuvo a cargo del «Proyecto Andrea», por el cual la dictadura de Augusto Pinochet fabricó gas sarín, con el objetivo de utilizarlo como arma militar contra opositores al régimen.

El bioquímico fue «sacado» de Chile por efectivos de inteligencia militar en 1991, de forma de evitar su declaración en el juicio por el asesinato del ex canciller de Chile Orlando Letelier, siendo trasladado hacia Argentina y posteriormente al Uruguay, donde fue visto por última vez en 1992.