Primera audiencia de conciliación sin acuerdo

La primera instancia de la demanda civil contra el Estado de 39 militares pasados a reforma por la Dictadura cívico-militar, y cuya reparación recién se aprobó en 2006, tuvo lugar en la tarde de ayer en el Juzgado Letrado en lo Contencioso Administrativo de 3º Turno.

Los militares reclaman la correcta aplicación de la ley 17.949, sancionada por el gobierno de Tabaré Vázquez en 2006, por la cual se aprobó el incremento de su haber de retiro en un 25% y el pago de una indemnización, así como el usufructo de los beneficios de su grado, la sanidad militar y la eliminación del legajo personal de las constancias indebidas, entre otros beneficios.

Sin embargo, la interpretación del Poder Ejecutivo con respecto a la reparación «integral» no contempló la equiparación de los haberes de retiro entre todos los militares, sino que persisten «inequidades» con los militares que permanecieron en actividad, hoy jubilados, explicaron los demandantes a LA REPUBLICA.

La demanda aboga «por la correcta aplicación de la ley 17.949, por la cual se ordenaba al Poder Ejecutivo a reparar integralmente a los militares» pasados a reforma durante la Dictadura, porque «no se respeto el espíritu de la ley», dijo el abogado demandante Alberto Sanes.

Incluso, «existen situaciones de desiguladad entre los propios demandantes» porque hay diferencias entre los militares que fueron «parcialmente reparados y aquellos que nunca lo habían sido». «El espíritu de la ley tampoco era distinguir entre los propios militares» reparados, agregó Sanes.

Los militares querellantes explicaron que la demanda tiene «un fin económico» porque se pretende ajustar «los haberes de retiro», pero no se pretende «vivir a costillas del Estado» ya que no se pretende «retroactividad». «El monto de la reparación no se puede estimar, porque cada oficial se encuentra en una situación diferente», indicaron.

El juez de lo Contencioso Administrativo de 3º Turno, Pablo Eguren, escuchó en la instancia de conciliación al abogado de los militares y al representante del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Héctor Martínez Amestoy, tras lo cual se fijó la próxima audiencia.

Los generales (r) Pedro Aguerre y Edison Arrarte comparecerán ante el juez Eguren el próximo martes 14 de octubre, a las 13:00 horas, donde se explicará al magistrado cual fue «el espíritu» de la norma. Incluso, Aguerre fue participe de la Comisión del MDN encargada de la creación de la norma.

El magistrado, en tanto, admitió la comparecencia ante la Sede del ex senador oficialista y expositor en el Parlamento de la defensa de la ley, José Korzeniak y del subsecretario de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, quien tiene la potestad de declarar mediante oficios.

Además, se solicitó una pericia de la Facultad de Ciencias Económicas para que «de forma científica» se establezca la jubilación correspondiente a cada militar, ya que «la reposición de la carrera implica una infinidad de vectores», lo que demanda «un análisis profesionalizado», precisaron fuentes.

La mayoría de los militares reclamantes se autoproclaman «seregnistas» y casi todos fueron privados de libertad y sometidos a tortura en la Dictadura.