INSTANCIA DE CONCILIACION

Un grupo de militares destituidos durante la dictadura por motivos ideológicos o políticos y reparados en 2006 reclamarán hoy en un juzgado de conciliación la aplicación de la Ley Nº 17.949, sancionada por este gobierno, respecto a la liquidación de los haberes de retiro.

Los militares, entre los cuales hay oficiales de las tres armas, entienden que existen diferencias que los perjudican entre lo que estipula la norma y lo efectivamente cobrado. Uno de los reclamantes, el general (r ) Antonio Buela, dijo a LA REPUBLICA que hoy mismo piensan dirimir esta controversia y poner fin a una larga lucha de más de dos décadas. «No hay fastidio contra nadie, hay gente que entiende que no corresponde lo que se está cobrando y por tanto debe haber una corrección», afirmó. Buela fue pasado a situación de reforma el 10 de mayo de 1977 y sometido a Tribunal de Honor. En 1985 se acogió al llamado efectuado por el Ministerio de Defensa en ese mismo año y su situación fue contemplada por la resolución del Poder Ejecutivo de 1991, por la cual le fue computado en calidad de servicios prestados, el período comprendido entre la fecha del pase a reforma y la de dicha resolución. En diciembre de 1997, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto la situación de reforma otorgándole la calidad jurídica de retirado, junto a otros oficiales. Asimismo, tras la promulgación de la Ley 17.949, del 8 de enero de 2006, le fue reconocido el grado de general, a partir del 1 de febrero de 1992. Además del grado, se aprobó el incremento de su haber de retiro en un 25% y el pago de una indemnización cuyo monto ascendía a 24 veces el haber de retiro correspondiente a julio de 2005. La reparación incluyó, a su vez, el usufructo de los beneficios de su grado, los honores que correspondan al mismo, la sanidad militar y la eliminación del legajo personal de las constancias indebidas.