Incluye batería de medidas educativas para hombres y mujeres que ingresen a la Policía

Vázquez analiza plan de seguridad ciudadana

La ministra del Interior, Daisy Tourné, presentó ayer al presidente de la República, Tabaré Vázquez, el plan de Seguridad Ciudadana a través del cual se pretende, entre otras cosas, incrementar la cantidad de unidades móviles y agentes policiales en la vía pública, el impulso de nuevas medidas alternativas a la prisión, el monitoreo constante de comisarías junto con la creación de un sistema informatizado de denuncias, el desmantelamiento progresivo del servicio 222 y el reforzamiento institucional del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. Durante el Consejo de Ministros, el tema excluyente fue el paquete de medidas en el cual estuvo trabajando la comisión interministerial de seguridad pública que integran las secretarías de Estado del Interior, Educación, Salud, Economía y la OPP. En ese marco, la ministra Tourné entregó al presidente Vázquez un paquete de medidas, el cual será dado a conocer públicamente el próximo lunes. Durante la reunión se analizó con gran preocupación el creciente aumento de la delincuencia protagonizada por menores de edad. «Nos preocupa todo y justamente la discusión que yo destaco como altamente positiva, es que es una discusión integral, en donde tenemos que abordar estos problemas no sólo desde la óptica de la Policía. Hay materias de prevención que van a venir en este Plan de Seguridad, desde otros ámbitos que tienen que ver con la participación de menores en la delincuencia, recordando que siempre hay un adulto que provee el arma o empuja a los menores a la delincuencia, y ese es el verdadero responsable», dijo la secretaria de Estado. El plan incluye una batería de medidas educativas para los oficiales que ingresen a la Policía y no tengan tercer año de enseñanza Secundaria completa.

También se incluirá el impulso de nuevas medidas alternativas a la prisión, el monitoreo constante de comisarías junto con la creación de un sistema informatizado de denuncias, el desmantelamiento progresivo del servicio 222 y el reforzamiento institucional del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, el cual deberá estar integrado por técnicos.

También se estima necesario quitar los centros de reclusión de la órbita del Ministerio del Interior y pasarlos al Ministerios de Educación y Cultura, junto con un reforzamiento el Poder Judicial.

Asimismo, se maneja la posibilidad de implementar las «encuestas de victimización», es decir conocer qué valoración hace la ciudadanía de la actuación policial y de la gestión del Ministerio del Interior.

Aún se están ajustando los detalles de las unidades de salud penitenciarias y la distribución de pulseras para las víctimas de violencia doméstica.

El gobierno también apuesta a la «cooperación internacional» y eventuales «prestamos no reembolsables del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aspectos en los cuales están trabajando tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como la Oficina de Planeamiento de Presupuesto (OPP).

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