Municipales presentan firmas el miércoles en la Cámara de Diputados

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) presentará el próximo miércoles ante la Cámara de Representantes las mil firmas con la finalidad de apelar una resolución de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), a través de la cual la comuna cedió al Movimiento Tacurú el servicio de limpieza urbana en una parte de la ciudad.

En tanto, mientras que el director de la División Jurídica de la Intendencia considera que la iniciativa del gremio «no es procedente»; el edil departamental en representación del Foro Batllista, Cesar García Acosta, entiende que la opinión del jerarca municipal es una intromisión inadmisible».

 

Controversia

El presidente de Adeom, Aníbal Varela, anunció ayer que el sindicato presentará el próximo miércoles ante la Cámara de Representantes las mil firmas, como así lo estipula el artículo 303 de la Constitución de la República, con la finalidad de apelar la resolución municipal de contratar a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para realizar el servicio de limpieza en parte de la ciudad.

Por su lado, Pérez Piera afirmó días pasados que el mecanismo «no es procedente aplicarlo, porque se trata de una resolución del intendente de Montevideo, susceptible de aplicarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA)»; y que en el supuesto caso de que fuera recurrible, «los plazos legales ya están vencidos, ya que la misma se promulgó el pasado 22 de noviembre y constitucionalmente se establece un plazo de 15 días para presentar las firmas ante la Cámara de Representantes».

En tal sentido, el presidente de Adeom se mostró en desacuerdo con la apreciación de Pérez Piera, y afirmó que «para una biblioteca siempre existe otra»; y que mientras la resolución no esté publicada en el Diario Oficial «los plazos no pueden contarse».

En tanto, García Acosta indicó que el jerarca municipal «no debe actuar con temeridad en sus afirmaciones sobre quién está jurídicamente investido para impugnar una resolución municipal, porque en democracia no se puede ser juez y parte».

«Decir que el mecanismo del artículo 303 de la Constitución, que establece el recurso de apelación a resoluciones de las intendencias, ‘no es procedente’, constituye una intromisión inadmisible solo entendible en el marco de una posición que apunta a resolver un problema en la interna de la izquierda», destacó el edil forista.

García Acosta considera que los plazos para apelar la resolución no están vencidos porque «no puede tomarse conocimiento de una resolución si su promulgación o publicidad no se hace por un canal público, en el Diario Oficial, o en forma personal».

Agregó que la comuna capitalina resolvió este contrato con el Movimiento Tacurú «a espaldas de la Junta Departamental, eludiendo su anuencia, y no se le notificó formalmente a Adeom ni a los ediles».

Para García Acosta «es claro que aún se está dentro del plazo para impugnar esta resolución de la comuna y no solo mediante las mil firmas que puede haber obtenido el sindicato, sino a través de los ediles, con un tercio de los votos en el deliberativo departamental».

En tal sentido, recordó que tanto los ediles del Partido Colorado como nacionalistas, consideran que «el Parlamento es el ámbito adecuado para dilucidar este litigio»; y agregó que la oposición abrió paso a un dictamen del Tribunal de Cuentas de la República, debido a que «cuando la comuna pacta lo que denomina una ‘donación modal’, no es más que la privatización de un servicio municipal y, de ser así, debe intervenir la Junta Departamental».