Vecinos formarán "Comisión de Defensa del Agua" ante privatización del servicio

Grupos vecinales de la Ciudad de la Costa agrupados en la «Comisión de Defensa del Agua» resolvieron formar una asociación de consumidores que ampare el punto de vista colectivo de los vecinos, y a la vez futuros consumidores, de los servicios que prestará la empresa que se haga cargo de la anunciada construcción de una red de saneamiento y agua potable en la Costa de Canelones.

Hoy jueves, a las 20 y 30 horas, los impulsores de la iniciativa celebrarán una asamblea en la Casa de la Cultura de la Ciudad de la Costa para definir «la denominación, los cometidos y la integración» de la asociación civil que pretenden escriturar en una nueva asamblea en febrero próximo. La entidad será luego presentada con la debida documentación ante el Ministerio de Educación y Cultura, y en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

La construcción de una red de saneamiento y agua potable en la Ciudad de la Costa, uno de los mayores reclamos de sus pobladores y en especial de quienes viven al norte de la avenida Giannatasio, afectará de modo radical el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de una urbanización edificada, casi toda ella, sobre terrenos arenosos, bajos e inundables. El asesor legal de los vecinos que impulsaron la iniciativa, Guillermo García Duchini, señaló a LA REPUBLICA que la Ley de Relaciones de Consumo –más conocida como Ley de Defensa del Consumidor– reconoce en su artículo 6°, incisos A y E, que los consumidores tienen derecho a «la protección de la vida, la salud y la seguridad contra los riesgos causados por las prácticas en el suministro de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos». Los usuarios tienen derecho además a «la asociación en organizaciones cuyo objeto específico sea la defensa del consumidor, y ser representado por ellas», según estableció la ley al consagrar los derechos básicos del consumidor en el Capítulo II, agregó. La doctrina entiende que es más necesario regular cuando se trata de servicios públicos.

García Duchini recordó luego que la autora de la Ley del Consumidor, la jueza Dora Szafir, escribió en uno de su libros que en el caso de los servicios de OSE, como en UTE, «es en ellos donde la regulación de la relación de consumo es más necesaria».La jueza Szafir sentenció: «la protección de los derechos esenciales o fundamentales como la vida, la salud y la seguridad se encuentran específicamente reconocidos y nada impide que sean protegidos cuando el sujeto de derecho actúa como consumidor».

García Duchini opinó también que la Ley de Relaciones de Consumo de reciente vigencia, y la asociación de consumidores a ser creada podrían ser el vehículo para que el vecino de la costa de Canelones pudiera hacer valer su punto de vista frente a los criterios a aplicarse. Indicó que la eventual construcción de la red es un emprendimiento que ya estaba previsto por la Ley 16.736, del 5 de enero, que fijó el presupuesto del gobierno de Julio María Sanguinetti.

En su artículo 750, la ley presupuestal estableció: «Autorízase a Obras Sanitarias del Estado, con la previa aprobación del Poder Ejecutivo, a otorgar, bajo el régimen de concesión de obra pública, la realización de obras y la prestación del servicio de saneamiento y de suministro de agua potable en el interior del país».