Fiscales, molestos con el accionar del doctor Moller

La misiva enviada por la Comisión Directiva de la Asociación de Fiscales del Uruguay (AFU) a la Fiscalía de Corte como queja por la situación del fiscal penal ­con reserva del cargo- Enrique Möller y su accionar como abogado particular dentro de la órbita penal no sería la única medida, ya que varios fiscales analizan solicitar su desafiliación del gremio.

Enrique Möller utilizó un artículo de la ley de Presupuesto de 2005, que habilita a los fiscales letrados a pasar «en comisión» a distintas dependencias del Estado, y comenzó a desempeñarse como asesor jurídico del legislador del Partido Nacional Sergio Botana.

El fiscal pasó además a desempeñarse en la actividad privada, para lo cual se unió al estudio ALS Abogados, del ex vicepresidente de la República y dirigente nacionalista, Gonzalo Aguirre. Möller comenzó así a representar «indagados» en la órbita penal, enfrentando a sus antiguos colegas. La molestia de los fiscales existía, pero explotó en los últimos días, cuando Moller asumió la defensa del titular de una Sociedad Anónima de Inversión Financiera (SAFI), sobre quien pesa un pedido de procesamiento por «lavado de activos».

La denuncia contra la SAFI fue presentada por el Banco Central (BCU) en los primeros meses de 2007. El BCU trabó la cuenta en dólares de la empresa y trasladó el caso a la Justicia. El juez penal de 10º Turno, Rolando Vomero, dispusó la clausura de la cuenta, con ingresos por más de 790.000 dólares cuya procedencia no pudo ser explicitada.

El fiscal Ricardo Perciballe solicitó tras estudiar el expediente el procesamiento del titular de la SAFI, un ciudadano de origen ruso-argentino que no reside en Uruguay. La defensa era ejercida por el ex diputado colorado Jorge Barrera desde hace más de un año, pero hace dos meses se sumó Möller.

El fiscal recibió capacitación y se especializó en técnicas de investigación sobre «lavado de activos» durante la administración anterior. Incluso era uno de los candidatos a integrar las Fiscalías especializadas en crimen organizado.

«Al pasar a ejercer en la órbita privada puede accionar contra el propio Estado que pagó su capacitación para defender sus intereses contra los evasores. No está bien entonces tenerlo como contraparte en casos penales, y mucho menos en materia de lavado de activos», indicaron fuentes de la Fiscalía a LA REPUBLICA.

La actuación de Möller estaría «colidiendo con normas del funcionariado de la administración pública e incluso con el estatuto de los fiscales, por lo cual se debería adoptar una resolución», precisaron las fuentes. «No se pretende que no siga ejerciendo, sino que no pueda litigar en la parte penal», indicaron.

Möller es corredactor de la ley Nº 17.835, «Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo», así como uno de «los cuatro uruguayos» con el titulo de capacitador en lavado de activos otorgado por la ICA, un prestigioso instituto internacional en el combate contra el lavado de activos. Consultado por LA REPUBLICA, Moller prefirió no manifestarse sobre el tema «por ahora».