Dos visiones respecto al "Fomento del Empleo y Mejoras de la Administración"

La desregulación del mercado de importación de gas natural, la posibilidad de que usuarios de zonas francas podrán brindar servicios telefónicos o informáticos hacia el territorio nacional, normas sobre fomento del empleo y la constitución de sociedades anónimas deportivas conforman los temas más importantes de la Ley de Urgencia II, que se tratará mañana martes en la sesión del Senado.

Legisladores de la coalición de gobierno y de la coalición de izquierda, Encuentro Progresista, así como del Nuevo Espacio, manifestaron posiciones enfrentadas en la mayoría de los 91 artículos, salvo en algunos de los temas analizados, en los cuales se lograron coincidencias.

El proyecto también promueve normas sobre fiscalización de sociedades comerciales, eliminación del registro de aspirantes a viviendas de emergencia, mayores penas para los delitos sobre violaciones de disposiciones sanitarias, y cambios de responsabilidades respecto a la administración de viviendas para pasivos.

 

Gas natural

Para la coalición de gobierno, el artículo 63 «consagra la potestad de todo comprador de gas natural al por mayor cuyo consumo promedio anual sea no inferior a 5.000 metros cúbicos diarios, de elegir su proveedor de gas natural entre los agentes nacionales o extranjeros e importarlo sin restricción o exigencia de especie alguna». «Esta disposición tiene una especial relevancia, por cuanto elimina cualquier tipo de monopolio en la materia y desregula el mercado de importación de gas natural», se manifiesta.

En ese sentido, los legisladores colorados y blancos sostienen que esta medida «habrá de facilitar el desarrollo de las actividades productivas e industriales en nuestro país, sin que se vean sometidas a restricciones o al pago de tributos o cánones por su importación, bajando sensiblemente los costos de producción».

En cambio, el EP-FA anunció que no votará este artículo «por la falta de seriedad con que se ha encarado por parte del Poder Ejecutivo, y porque su redacción ofrece dudas y distintas interpretaciones en cuanto a su alcance a los distintos actores involucrados». «Tenemos el convencimiento que la eliminación del canon de importación hará que el emprendimiento de transporte para el Gasoducto del Litoral que tiene como permisaria a Ancap se volverá deficitaria para la empresa ya que son muchos los gastos que ello conlleva fuera del territorio nacional», señala el EP.

En ese sentido, los legisladores encuentristas aluden a «contratos con empresas y estudios jurídicos en Argentina, contratación de despachantes de aduana en Colón, contratos de operación y mantenimiento del tramo de gasoducto de propiedad de Ancap en Entre Ríosl, pago de servidumbre, contribuciones inmobiliarias, impuestos municipales».

 

Fomento del Empleo

Los senadores colorados y blancos expresan que «son de particular relevancia las normas contenidas en el proyecto de ley de Urgencia sobre fomento del empleo, previéndose con ello una sustancial mejora en el nivel de actividad que lamentablemente se vio comprimido en el año 2000 como consecuencia de los factores externos que perjudicaron notoriamente a la economía nacional».

La iniciativa promueve una exoneración de tasa del aporte patronal jubilatorio al BPS «para aquellos dependientes que a partir del 1º de enero de 2001 fueren contratados o reincorporados del seguro de desempleo».

Asimismo, se reduce en un 75% para el sector de la construcción, la tasa de aporte patronal jubilatorio para los propietarios de obras privadas durante el 2001, para las empresas unipersonales cuyo titular tuviera una edad entre 18 y 29 años. También se reduce la tasa de aporte patronal rural.

En cambio, desde la izquierda se sostiene que «lamentablemente los seis artículos que integran este bloque sólo se refieren a una única medida de estímulo: la exoneración de aportes patronales».

«Por considerar de emergencia nacional el tema, dejamos sentado nuestra discrepencia con el tratamiento del mismo, minimizado en forma timorata, sin vuelo, sin apuestas fuertes tales como se requieren en coyunturas críticas como la presente», indica la postura encuentrista.

El EP-FA deja en claro que presentó diferentes aditivos y deja constancia que «nuestra negativa a acompañar las propuestas del proyecto tienen el fundamento de un encare totalmente distinto de lo que entendemos debería ser una política de fomento del empleo».

Sobre las normas de apoyo al sector agropecuario, «no son en realidad generadoras de puestos de trabajo aunque presten alivio al castigado sector productivo de nuestro país». «Entendemos que son ampliamente mejorables, por lo que hemos presentado sustitutos tendientes a atender a las empresas de menor porte y más castigadas en el período», señalan los legisladores del EP.

En otro orden, incorporan un aditivo que «establece el cese por 180 días de las ejecuciones y del pase al trámite de las deudas de origen agropecuario con la banca pública y privada».