Suspenden licencias en telecomunicaciones

El gobierno estudia por estas horas aplicar un veto, el primero en lo que va de la actual administración, a un artículo aprobado ayer en el proyecto de Rendición de Cuentas.

Se trata del artículo 241, introducido por el senador Rafael Michelini, cuando el proyecto ya estaba a punto de cumplir su etapa deliberante en la cámara alta y que, según se dijo, no hubo tiempo suficiente para su estudio detallado. Ese artículo define como un cometido de la Unidad Ejecutora de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía y Minería, «el diseño de una política nacional de telecomunicaciones para antes del 1º de marzo del año 2010″. Hasta aquí, la redacción del artículo no despertaría rechazo y objeción mayor desde el Poder Ejecutivo. Sin embargo, se agrega en la redacción que, hasta esa fecha mencionada «se suspende el otorgamiento de licencias para cualquier servicio de telecomunicaciones». Vale decir que las empresas operadoras de los servicios de televisión para abonados y las compañías privadas que brindan los servicios de telefonía móvil no podrían ofrecer a sus clientes más de lo que hoy disponen en su tecnología. En esto, el gobierno no estaría de acuerdo. «Hay muchísimas solicitudes de las empresas privadas como Claro o Telefónica de ampliar los servicios en las telecomunicaciones pero la reglamentación vigente en esa materia no es clara. Hay un collage de leyes y es imprescindible discutir y poner al día las normas» sostuvo anoche a este diario la senadora socialista Susana Dalmás.

Entiende que en el gobierno hay «un debe» en política de telecomunicaciones y que incluso «habría que revisar el papel que cumple Antel que, como empresa del Estado tiene muchos beneficios pero que también tiene la pesada carga de cumplir un servicio social que debería ser compensado. Capaz que habría que compartir con las empresas privadas de telefonía la carga de brindar ese servicio no tan rentable económicamente» sostuvo. «El país no tiene una ley vigente» actualizada en telecomunicaciones y la tecnología «le ha hecho muchos agujeros a la normativa» entiende la legisladora Dalmás.