Sala 8. Juez y testigos visitarán la sala donde murió el tupamaro Luzardo

Justicia inspeccionará  hoy el Hospital Militar

El juez Penal de 1º Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini y la fiscal Adriana Costa, concurrirán hoy, acompañados de abogados y testigos, a la sala 8 del Hospital Militar para realizar una «inspección ocular» del lugar donde falleció el militante tupamaro Roberto Luzardo.

La histórica audiencia, que se desarrollará en las instalaciones del nosocomio castrense, tiene como objetivo «esclarecer con los propios testigos» los hechos acaecidos en esa sala al momento de la muerte de Luzardo, indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

La intención es «tener una ubicación física» de los testigos dentro de la sala 8 y cómo pudieron identificar al militante tupamaro en esas condiciones. El juez procurará «una visión primaria, directa, del lugar y los hechos denunciados en la causa», señalaron las fuentes.

El juez y la fiscal serán acompañados por diversos testigos presenciales de los hechos, acaecidos en junio de 1973, en la sala 8, cuando se constató la muerte de Luzardo, entre ellos, la doctora María Elena Curbelo. La inspección ocular no contará con la presencia de los militares involucrados en la causa.

El abogado de la viuda de Luzardo, Héctor di Giácomo, dijo que la inspección ocular es «un hito, una situación histórica» porque permitirá a los «testigos que estuvieron internados en el Hospital» relatar con detalles todo lo que sucedía en esa sala. La inspección ocular se desarrollará sobre las 13.30 horas.

Luzardo fue detenido en agosto de 1972, en un violento operativo de las Fuerzas Conjuntas, en el «Bar Asturias», donde fue herido de bala. Los militares lo vinculaban con el operativo en el cual fue asesinado el coronel Artigas Alvarez, hermano del dictador Gregorio Alvarez. La gravedad de las heridas implicó su derivación al Hospital Militar, donde falleció el 12 de junio de 1973 por falta de asistencia médica.

Serpaj presentó recientemente un escrito solicitando la comparecencia ante la Justicia de los dictadores Juan María Bordaberry y Gregorio Alvarez para declarar en la causa. Las mismas aún no se han efectivizado.

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