1974: la conexión con la Triple A de Gordon y la Federal argentina

Diez años antes de lo previsto por George Orwell en su novela «1984», las flamantes dictaduras de Uruguay y Chile, y la Triple A de Argentina, elaboraron las bases de una coordinación represiva que antecedió al Plan Cóndor e inició la política de secuestro, tortura y traslado ilegal en la región, según documento secreto de esa reunión. El año 1974 culminó en Uruguay con la ejecución de cinco tupamaros, quienes fueron secuestrados en Argentina y fusilados a fines de diciembre en Soca como «represalia» del homicidio en París del coronel Ramón Trabal, tres meses después de que también mataran en Buenos Aires al general chileno Carlos Prats.

Floreal García, su esposa Mirtha Hernández, Héctor Brum, su embarazada esposa María de los Ángeles Corbo y Graciela Estefanell fueron secuestrados el 8 de noviembre en Argentina y trasladados en un avión bajo control de la Fuerza Aérea Uruguaya a Montevideo, donde fueron salvajemente fusilados.

Hoy, la jueza de 7º Turno, Graciela Gatti, y la fiscal, Ana María Telechea, recibirán el testimonio del uruguayo Julio Abreu, único sobreviviente de aquel «Vuelo Cero», quien, bajo amenazas, calló durante 30 años lo ocurrido con los padres del niño desaparecido Amaral García, recuperado recién en 1985.

La aún oscura «historia reciente» comienza a esclarecerse al indagar el proceso represivo de ese año clave, sobre el que LA REPUBLICA publica a partir de hoy los datos relevantes de una investigación para la que durante meses consultó, dentro y fuera del país, decenas de testimonios y documentos.

La imagen del mosaico que se puede entrever permite visualizar la continuidad entre las dictaduras y los escuadrones de la muerte, la injerencia de Estados Unidos y Francia en el proceso, y la génesis de una estructura represiva que sería perfeccionada en los traslados y ejecuciones masivas del Plan Cóndor.

 

Los padres de la tortura

Con la guerra fría, Estados Unidos estableció como un objetivo de control a su «patio trasero» latinoamericano. Los aparatos de inteligencia policial formados en la región luego de la guerra mundial pasaron a ser capacitados por instructores de la Agencia para el Desarrollo ante la revolución cubana.

Dan Mitrione pasó por Brasil antes de llegar a Uruguay, donde Estados Unidos tenía una fuerte central de espionaje, según confesaron los ex agentes Philippe Agge y Manuel Hevia. En los sesenta, el «puesto de escucha» de Montevideo ya coordinaba con la Guardia Metropolitana, a cargo del coronel Amaury Prantl.

Los métodos de «interrogación» que el instructor del FBI enseñó a las fuerzas policiales uruguayas, la norteamericana School of Américas (SOA) los enseñó a las generaciones de militares que desde los años sesenta realizaron cursos de inteligencia y contrainsurgencia en la base «Fuerte Amador» de Panamá.

La teoría de «contrainsurgencia» había sido establecida por el general francés Paul Aussaresses durante la guerra de Argelia (1954-62), que dirigió el teniente coronel Roger Trinquier. Ambos dieron «clases» en la Escuela de Guerra de Brasil y la Escuela de las Américas, donde Estados Unidos adoptó el «método».

En julio de 1969, la dictadura brasileña puso en práctica la «Operación Bandeirantes» en la que militares, policías y la federal DOPS coordinaron al «estilo francés» el secuestro, tortura y muerte de cientos de opositores, en lo que sería un antecedente del Plan Cóndor.

Los comandos franceses Patrice de Naurois y François-Pierre Badie fueron instructores de la Escuela de Guerra de Argentina, donde uno de sus mejores alumnos fue el luego general Ramón Camps, quien tendría a su cargo la jefatura de la Policía Federal luego del golpe de Estado de 1976.

 

Del Escuadrón a la OCOA

El Escuadrón de la muerte que actuó en Uruguay a principios de los setenta, cuya indagación se procesa recién hoy a nivel judicial, tuvo como profesores, además del norteamericano Dan Mitrione, al brasileño Sergio Paranhos Fleury, represor del DOPS, y a dos «franceses» que aún no han sido identificados.

La metodología parapolicial practicada por el «Escuadrón» antes de la sangrienta jornada del 14 de abril de 1972 pasó desde entonces a ser practicada por los mismos policías y militares que, ahora uniformados, se sumaron a la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA).

Con el golpe de Estado de 1973, la represión y la tortura sistemática, que Zelmar Michelini denunciaba en el Senado, ya no tuvo control parlamentario y desde el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) se trazaron las líneas que el Servicio de Información y Defensa (SID) practicaría luego en el exterior.

Las primeras coordinaciones represivas con Chile y Argentina fueron realizadas por las fuerzas policiales uruguayas, que luego serían desplazadas por los efectivos militares quienes, primero como agregados militares, terminaron protagonizando las operaciones de secuestro, traslado, muerte y desaparición.

El 1º de octubre de 1973, tras el golpe de Estado en Chile, un grupo de uruguayos fue detenido cuando huyó a Argentina, donde había renunciado el presidente Héctor Cámpora e interinamente gobernaba Raúl Alberto Lastiri, quien sólo doce días después entregaría el gobierno a Juan Domingo Perón.

Los uruguayos estuvieron presos dos semanas en Ezeiza y los expulsaron por sugerencia del jefe de Seguridad Federal, teniente coronel Jorge Oscar Montiel, quien advirtió al director de Migraciones, Justo Gnavi, que afectaban la «seguridad nacional». Uruguay, Chile y Argentina intercambiaron «antecedentes».

 

Contacto con la Triple A

Antes de asumir Perón, el presidente Lastiri impulsó la derechización del régimen, asesorado por su pariente José López Rega, quien en 1973 comienza a formar la tristemente célebre Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), al mando del comisario Alberto Villar, subjefe de la Policía Federal.

En enero de 1974 se desarrolla en Buenos Aires una reunión definitiva de coordinación a la que asisten Villar, un general de Carabineros chileno (sería el general Manuel Contreras), un boliviano y el inspector Víctor Castiglioni, jefe de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) uruguaya.

El militar chileno propuso entonces que se integraran militares como agregados de seguridad en las embajadas para coordinar con las policías locales, formar una central de información común al estilo Interpol, el intercambio de presos, un canal de comunicación segura e intercambio de becas de «entrenamiento».

La propuesta chilena, tres meses antes de que Contreras creara formalmente la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), manejaba los mismos argumentos que en octubre de 1975 se confirmarían en Santiago de Chile cuando los militares de la región constituyeron la coordinación represiva llamada «Cóndor».

El representante boliviano, en nombre de la dictadura del general Hugo Bánzer, pidió que «los elementos marxistas que están en los diversos países sean internados a cierta distancia, de tal manera que impidamos la afluencia de los mismos hacia las zonas fronterizas», dice la versión taquigráfica de la reunión.

Castiglioni expresó: «Lo que yo iba a proponer está comprendido en lo que ha expuesto el señor general de Carabineros (…), reiteraríamos el ofrecimiento (…) de mantener acá, en forma permanente, a uno o más funcionarios (…) colaborando con la policía argentina a efectos de identificar gente».

 

Las «patotas» se coordinan

Las actas de aquella reunión explican que Argentina puso al Departamento de Asuntos Extranjeros como enlace de Castiglioni. Los agentes en las embajadas se denominarían «agregados legales» y cuando se hiciera una operación conjunta sobre un objetivo, se la encubriría como una «comisión de narcóticos».

El antecedente también podría explicar otras conexiones futuras, como el propio asesinato de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosa
rio Barredo y William Whitelaw en 1976, cuando el comisario Hugo Campos Hermida era el jefe del Departamento de Narcóticos creado por la CIA en la policía uruguaya.

También resulta esclarecedora la reciente sentencia a cadena perpetua contra el general Manuel Contreras en Chile por la muerte del general Carlos Prats en Buenos Aires en setiembre, precisamente, de 1974. Uno de los testigos señala que en las coordinaciones previas al atentado participó Aníbal Gordon.

Gordon, miembro de la Triple A, habría sido desde entonces «contacto» de los policías y militares que operaron en Buenos Aires, con quienes en 1976 actuaría en el centro clandestino Automotores Orletti donde medio centenar de uruguayos fue torturado, la mitad de los cuales fue trasladada y desaparecida en Uruguay.

Sólo días después de aquella reunión en Buenos Aires, se producía la primera coordinación sobre un uruguayo pedido por OCOA: el tupamaro Antonio Viana Acosta, secuestrado en Argentina el 21 de febrero de 1974 por el propio comisario Villar y trasladado a Uruguay el 20 de junio en el Vuelo 158 de Pluna.

Desde entonces, 1974 se convirtió en el año de represión salvaje, dentro y fuera del país, con siete desapariciones forzadas, dieciséis homicidios y una serie de traslados clandestinos, como el de los fusilados de Soca que a partir de hoy, 34 años después de ocurrido, comienza a develarse.