El FA analiza proyecto reparatorio a víctimas

La bancada del Frente Amplio se encuentra analizando un borrador de proyecto de ley en el cual se establece que el Estado está dispuesto a asumir su responsabilidad en la realización de «prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión política, homicidios y aniquilación de personas en su integridad sicofísica, exilio político o destierro».

Esta iniciativa busca completar lo que fue el primer paso en este sentido por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo al aprobarse la Ley 18.033.

Ese primer paso fue significativo pero, como lo expresaron los propios legisladores que impulsaron la ley, habría de realizarse una evaluación de la misma, a fin de mejorar su contenido y alcances.

La ley vigente estipula una reparación económica para las víctimas del terrorismo de Estado, lo cual era una necesidad impostergable que el Frente Amplio atendió, pero, con plena conciencia de que se estaba atendiendo parcialmente una realidad, se adelantó que se iba a realizar una revisión de la ley con el objetivo de perfeccionarla y adecuarla a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El borrador actual reconoce «las consecuencias del quebrantamiento de las garantías legales y constitucionales por parte del Estado en el período comprendido desde el inicio de la aplicación continuada de medidas prontas de seguridad, el 13 de junio de 1968 (gobierno de Jorge Pacheco Areco, recientemente homenajeado por el Partido Colorado) hasta la asunción del primer gobierno que restableció las instituciones democráticas, el 28 de febrero de 1985″. Asimismo, reconoce «la responsabilidad del Estado en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión política, homicidios, aniquilación de personas en su integridad sicofísica, exilio político o destierro de la vida social, en el marco ideológico de la doctrina de seguridad nacional».

El borrador, que ya ha sido prácticamente consensuado en la interna del FA, entiende que «el Estado uruguayo reparará a aquellas personas que sufrieron o sufren daños físicos, mentales, emocionales, pérdidas económicas o imposibilidad de ejercer sus derechos fundamentales». Una forma será a través de un documento que acredite la condición de víctima, lo cual se verá complementado con «acciones de reparación moral de carácter nacional y departamental con el fin de restablecer la dignidad de las víctimas». El proyecto de ley crea una Comisión Especial, que actuará en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura, que resolverá sobre las solicitudes de amparo dispuestas en la ley. Aún queda por solucionar en cuanto a la reparación económica de los ex presos, la situación de quienes tienen actualmente ingresos superiores a la franja establecida y la disposición anticonstitucional que obliga a quienes se acojan a la indemnización a renunciar a sus derechos jubilatorios.