Caja Bancaria: AEBU aprobó la propuesta del Poder Ejecutivo

Una multitudinaria asamblea general de AEBU resolvió ayer, por amplia mayoría, aprobar la última propuesta elevada por el Poder Ejecutivo para salvar la Caja Bancaria. Ahora, el gremio espera que antes del 25 de octubre se vote el proyecto de ley en el Parlamento.

En el marco de un paro general de 24 horas en la banca pública y privada, cerca de 5.000 trabajadores afiliados a la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) colmaron ayer las instalaciones del Palacio Peñarol para resolver si se aceptaba o no la propuesta que el Poder Ejecutivo planteó al gremio y a los bancos privados, a los efectos de solventar el déficit de 60 millones de dólares anuales que tiene actualmente la Caja Bancaria.

La asamblea que comenzó con retraso de una hora y media (estaba prevista para las 11 horas) y tuvo una lista de 11 oradores que representaron a las tres corrientes sindicales que integran AEBU: Lista 98 (PS-AU-99-Confa – parte de la VA, AP e independientes), Espacio 17 (MPP-PC- parte de la VA e independientes) y Agrupación 810 (CI-PT-26M), que, incluso, tenían tres posiciones diferentes sobre la continuidad o no del conflicto.

Luego de varias horas de debate, sobre las 17 horas, la asamblea resolvió por amplia mayoría la moción de la Lista 98 que promovió la aceptación de la propuesta realizada el lunes pasado por el Poder Ejecutivo, dado que, a entender de esta corriente sindical “el último proyecto del gobierno tuvo avances sustanciales con respecto al presentado en marzo de 2007″, dijo a LA REPUBLICA el presidente del Consejo Banca Privada de AEBU, Elbio Monegal.

Tras la resolución de la asamblea, el sindicalista dijo que “la asamblea de trabajadores ratificó la confianza en la conducción del sindicato y por eso entendió que no tenía ningún sentido venir a aprobar una moción que planteaba ir a la huelga general como alternativa al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo”, señaló Monegal en alusión a las propuestas de el Espacio 17 y de la Agrupación 810.

“Ahora habrá que cotejar que todo lo que se negoció se ponga en el proyecto de ley que el gobierno enviará al Parlamento y que los legisladores lo voten antes del 25 de octubre, para evitar cualquier posibilidad de que lo consideren inconstitucional, dado que, después de esa fecha, se ingresa en año electoral”, concluyó.Mientras el oficialismo de AEBU celebraba la decisión de los trabajadores reunidos en asamblea general, el Espacio 17 y la Agrupación 810 expresaron su disconformidad con el resultado de la votación.

“Para nosotros esto fue un retroceso histórico porque implica claudicar en una cantidad de reivindicaciones que el sindicato tenía de larga data”, dijo a LA REPUBLICA el dirigente Darío Mendiondo. “El peso de este proyecto va a recaer sobre los trabajadores activos, que verán endurecidas sus condiciones jubilatorias y sobre los pasivos bancarios de clase media, mientras que los bancos privados se la llevan de arriba y el Estado no pone un peso”, sentenció Mendiondo.Por su parte, Julio Britos, dirigente sindical que integra la Agrupación 810, dijo a LA REPUBLICA que “la realidad de la votación demostró que en realidad nos tiramos no sólo contra el aparato oficialista de AEBU, sino contra el aparato gubernamental porque en la votación estaban varios de ellos”, subrayó.

La propuesta que aprobó el gremio bancario implica el pasaje obligatorio a la Caja Bancaria de los trabajadores de las empresas administradoras de crédito personal, compañías de crédito, empresas administradoras de crédito, según el gobierno serían unos 6.000 nuevos cotizantes para el organismo recaudador.También se plantea la disminución de los aportes patronales desde el 30,75% actual hasta un 15%, el que será sustituido por un 10% vinculado a un impuesto sobre el total de activos de las empresas y bancos, sean radicados en el país o en el exterior. Asimismo, se incorpora un 10% de aportación adicional mediante bonos emitidos por la Caja Bancaria que los bancos privados deberán adquirir.

Para los pasivos se propone una aportación adicional de 20 millones de dólares anuales a través de la eliminación de la prima por edad y de un impuesto adicional sobre las pasividades de un 2% para enero de 2009 y otro 2% en enero de 2010.

Para los bancarios activos se disminuye la cantidad de años de trabajo de 35 a 30, estableciendo 60 años como edad mínima requerida, sujeto a una tasa de reemplazo del 50%. En el caso del aporte que deberá hacer el Estado, la propuesta del gobierno plantea una contribución de 20 millones de dólares anuales para el salvataje de la Caja Bancaria.