Acusado por ostentar armas
Rodeado de guardaespaldas, vestido con chaleco antibalas y con una metralleta Uzzi en las manos, Julio César Talamás irrumpió en enero pasado en la sede de la Cooperativa de la Previsión Social reclamando la prelación y declarándole «la guerra» a la Junta de Acreedores. El poder político y la Justicia dirimen responsabilidades ante la crisis financiera de la CPS. La crítica situación administrativa de la cooperativa va de mal en peor y aún puede empeorar si el próximo martes 2 de setiembre se concreta el anunciado desalojo de sus instalaciones. A las irregularidades financieras detectadas por la Auditoría General de la Nación, órgano encargado de controlar a estas entidades sociales de consumo, se le agrega ahora la denuncia de que el presidente de Cossac, Julio César Talamás, ingresó a las instalaciones centrales de la Cooperativa de la Previsión Social portando una ametralladora Uzzi, vestido con un chaleco antibalas, acompañado de un séquito de guardaespaldas y amenazando a los integrantes de la actual Junta de Acreedores, gritando que estaba «en guerra» contra ellos. Talamás es un ex candidato a diputado por el Foro Batllista y que luego abandonó el Partido Colorado para adherir al Frente Amplio. La denuncia de la portación de armas de Talamás recién tomó estado público esta semana en el parlamento cuando funcionarios y asesores legales de la CPS fueron convocados en forma urgente a la Comisión Especial sobre Marco Cooperativo que funciona en el ámbito de la Cámara de Diputados con la intención de que el Poder Legislativo tomara conocimiento cercano de la situación por la que están pasando más de 150 trabajadores y 20 mil socios. La denuncia la realizó el pasado martes 26 en la Comisión Especial, el abogado asesor del sindicato de funcionarios de la Cooperativa de Previsión Social, Ismael Blanco.
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