En diez meses, el Parlamento remitió unos setecientos pedidos de informes

De los 700 pedidos formulados por las cuatro bancadas parlamentarias a los diferentes organismos y entidades del Estado la mayoría no fueron respondidos y, teniendo en cuenta los antecedentes de las pasadas administraciones, nada parece indicar que las consultas legislativas sean atendidas en este período de gobierno del presidente Jorge Batlle.

Hasta ayer 4 de enero, 317 inquisitorias habían tenido respuestas mientras que 383 aún permanecen en los escritorios de los jerarcas de las entidades a los que fueron destinados.

Precisamente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el ámbito de las secretarias de Estado fue en la pasada legislatura el que más pedidos de informes parlamentarios recibió. La gestión del ministro Lucio Cáceres vio llegar 42 requisitorias y hasta ayer ha respondido solo 17. Entre las consultas remitidas al MTOP se encuentran las que hacen referencias a las señalizaciones en el puente Paysandú-Colón presentadas por el diputado Alvaro Earramuspe, los costos y los criterios de aumentos en los peajes administrados por Consorcio del Este remitido por Enrique Pérez Morad, un estudio de impacto ambiental acerca de la construcción del segundo puente sobre la Barra de Maldonado a cargo del diputado Darío Pérez y los criterios sobre la selección que la Administración Nacional de Puertos realiza para la contratación de pasantes, inquietud remitida por los diputados Ernesto Agazzi, Nora Castro, Juan José Domínguez y Lucía Topolanski.

Otro ministerio que fue casi permanentemente consultado en la pasada legislatura es el encabezado por el ingeniero Carlos Cat. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente recibió 62 pedidos de informes.

Entre ellos se encuentran los referidos a las polémicas adjudicaciones en el edificio Mburucuyá en Punta del Este (tema que motivó un llamado a Comisión General para el próximo día 17 del ministro y del presidente del BHU) redactados por los diputados Raquel Barreiro y Víctor Rossi, los controles de los ríos y arroyos en la frontera con Brasil solicitado por el representante Artigas Barrios, el impacto ambiental motivado por la presencia de un submarino nuclear en el puerto de Punta del Este formulado por el diputado Enrique Pérez Morad, y las características de los préstamos en el SIAV, a cargo del diputado Pablo Mieres.

El ministerio que menos ha respondido es el de Relaciones Exteriores: 21 pedidos fueron remitidos y solo cuatro respondidos. Entre estos últimos se destaca el referido a los gastos de representación de los delegados uruguayos en la Comisión Administradora del Río Uruguay y sobre el resultado de la auditoría interna en la embajada uruguaya en la Argentina, formulado por el representante Enrique Pérez Morad. En el ámbito de las empresas públicas, UTE ha sido la más cumplidora con el Parlamento: 20 pedidos de informes vio llegar el escribano Ricardo Scaglia a su escritorio y 10 han sido respondidos. Entre los servicios descentralizados, el Codicen ha respondido 7 de los 22 pedidos remitidos por los parlamentarios.

En las últimas horas, arribó al Parlamento la respuesta del Tribunal de Cuentas sobre los contratos de obra y de servicio concretados en el año 1999.

El voluminoso material, que refiere a los 691 contratos suscritos en ese período, debió trasladarse en carretilla.

Asignaturas pendientes

En la pasada legislatura y en el período comprendido entre el 15 de febrero de 1995 al 14 de febrero de 2000, el Parlamento gestionó un total de 3.995 pedidos de informes, de los cuales 2.721 tuvieron respuestas.