Posible omisión de la Fiscalía de Gobierno por no haber actuado de oficio

OSE es "responsable" por el estado de cañerías, según concesionaria Uragua

Sin embargo, juristas consultados por LA REPUBLICA indicaron que OSE responde ante los consumidores de Piriápolis según la Ley del Consumidor 17.250, porque concedió la ejecución de la obra pero retuvo la titularidad de los contratos.

Los expertos en Derecho de Consumo señalaron que los consumidores de agua potable perjudicados por este corte de suministro pueden reclamar a OSE o a la Oficina de Defensa del Consumidor (Adeco) del Ministerio de Economía y Finanzas la aplicación de la Ley 17.250 por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de una prestación. Estos reclamos pueden presentarse individualmente o en forma conjunta a través de una asociación de consumidores, como solicitud de intervención administrativa para las sanciones que puedan correponder y/o iniciando una acción civil colectiva ante la sede judicial correspondiente.

A todas y cada una de las empresas públicas se les aplica la Ley del Consumidor 17.250 que según su artículo 3 es proveedor «…toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, privada o pública, y en este último caso estatal o no estatal, que desarrolle de manera profesional actividades de producción, creación, construcción, transformación, montaje, importación, distribución y comercialización de productos o servicios en una relación de consumo».

La relación de consumo se perfecciona en el contrato de servicios de agua potable, a título oneroso (por un precio) que esta empresa (OSE) percibe a cambio del servicio de suministro de agua potable que está obligada a cumplir según contrato con los consumidores.

El día 4/08/2000 se firmó la concesión al Consorcio Aguas de Bilbao, representado por Iñaki Echebarría, de la empresa Iberdrola Energía SA Iñigo Ibarrondo Navarro y por Kartera 1 SL, José Ignacio Llaguno.

Las fuentes señalaron que puede haber una omisión de la Fiscalía de Gobierno al no intervenir de oficio o por notorio conocimiento en un hecho que afecta los llamados intereses difusos según el artículo 42 del Código General de Proceso que dispone: «En el caso de cuestiones relativas a la defensa del medio ambiente, de valores culturales o históricos y, en general, que pertenezcan a un grupo indeterminado de personas, estarán legitimados indistintamente para promover el proceso pertinente, el Ministerio Público, cualquier interesado y las instituciones o asociaciones de interés social que según la ley o a juicio del tribunal garanticen una adecuada defensa del interés comprometido».

Uragua como empresa concesionaria de un servicio público esencial encomendado a OSE (suministro de agua potable en Maldonado), a partir del 11 de julio, es responsable frente a OSE (Comisión de Contralor de la Concesión), y este organismo estatal frente a la ciudadanía por el mantenimiento de tal prestación.

«Esto no puede pasar»

Finalmente la empresa Uragura SA logró reparar las cañerías rotas y el agua potable regresó a la mayoría de las residencias de Piriápolis. Aunque no a todas ya que anoche, en las zonas altas, aún no lograban extraer nada de las canillas.

Mientras tanto los operadores turísticos se han negado a comentar los perjuicios que la situación ha causado al balneario, pero dicen que «los perjudicó más la difusión que los medios de comunicación dieron a los hechos». En cambio los vecinos están indignados. No es para menos, con tres días de temperaturas cercanas a los 40 grados y sin agua, la cosa se calentó.

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, expresó ayer su preocupación por el corte de agua. «Esto no puede pasar en plena temporada», fue su escueto comentario.

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