TRES AÑOS DE PLAZO

El gobierno determinó que la empresa española pague una garantía correspondiente a U$S 500 mil.

Si hubiera incumplimiento, el Poder Ejecutivo puede demoler o desmontar las instalaciones con cargo directo al concesionario.

Las obras deberán ser ejecutadas en un plazo de tres años. Si no se cumplieran los plazos, la Administración podrá disponer la extinción de las concesiones y permisos otorgados.

El decreto presidencial determina que el concesionario deberá pagar al Estado un canon anual, salvo los dos primeros años de concesión.