Chiruchi está citado para testificar

Dos Santos entabló una demanda por daños y perjuicios porque en San José la comuna regalaba camiones de balasto en forma indiscriminada, perjudicando su negocio.

El juez convalidó el criterio del abogado de la intendencia, Pablo Pucheu, y la prensa no pudo presenciar los interrogatorios. El Dr. Julio Serrón, representante de los demandantes, aclaró que no se oponían a la presencia de los medios.

El argumento de la comuna es que la Constitución y la Ley Orgánica Municipal le dan potestades para apoyar y promover las actividades productivas.

Los testimonios aportados el viernes dejaron, según Dos Santos, establecido con claridad que la IMSJ operaba una cantera sin las habilitaciones correspondientes y por ese motivo fue clausurada. Ellos también tienen una actividad productiva y en lugar de apoyarlos los sabotean, dijo a LA REPUBLICA.

El ingeniero Luis Ferrari era director de Dinamige cuando fue clausurada la cantera municipal. Ante la sede judicial explicó que Doris Dos Santos fue multada y en sus descargos realizó algunas denuncias. Las inspecciones ordenadas por él constataron irregularidades que llevaron a la medida de clausura.

La IMSJ tiene, a partir del 13 de julio de 2007, una cantera registrada en el ‘inventario de obra pública’ y sólo puede explotarla para esos fines. Está en trámite un permiso minero que permitiría, luego de obtener la anuencia de la Junta Departamental, realizar donaciones de material. Pero la comuna tendría que afrontar los gastos de funcionamiento como antes y además el pago del canon (cosa que no se hacía). El material destinado a particulares deberá ser transportado con las guías correspondientes (tampoco se respetaba eso).

En esas condiciones habría posibilidades de controlar, en buena medida, cuánto se regala y a quiénes. El intendente josefino declaró que hace 30 años que regala balasto y lo seguirá haciendo.

Si cumplidos los trámites la cantera municipal obtiene el permiso minero, será la única en todo el país y seguramente los organismos de contralor enfrentarán el desafío de establecer el marco legal y controlar los límites para tan curioso funcionamiento.

Si Juan Chiruchi no puede regularizar la situación, quedaría demostrado que durante 30 años se actuó al margen de la ley. Los empresarios ganarían el pleito y podría comenzar otro, pero contra los responsables de las decisiones que afectaron el patrimonio público. El Estado puede ir contra los funcionarios cuando, por su gestión, se ve perjudicado el interés colectivo.

Si bien no están los votos para un juicio político en el que el popular intendente de San José resultara condenado, podría ser aprobado por la mayoría de la Asamblea General y eso afectar más su situación personal.

Fuentes de su entorno más cercano habrían manifestado preocupación. Tiene problemas de salud y la incertidumbre sobre su futuro político lo ha desestabilizado emocionalmente, al punto de que no iría personalmente al juzgado a prestar testimonio. Quienes han sugerido que dé un paso al costado, lo han hecho considerando su sólida posición económica. Chiruchi se convirtió en un productor lechero importante y quedó atrás definitivamente su pasado humilde.