El canciller Maduro espera que Peña "reflexione y se rectifique"

El canciller venezolano Nicolás Maduro reiteró ayer su desaprobación a la visita de la diputada Adriana Peña (presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur) a su país con motivo de interiorizarse sobre los motivos que determinaron la inhabilitación de dirigentes opositores para presentarse en las próximas elecciones comunales. Maduro dijo que espera que la legisladora reflexione y se rectifique.

Tras ser consultado ayer por la prensa sobre el episodio, que motivó el pedido de sanción de varios legisladores venezolanos, el canciller dijo que «los uruguayos, sudamericanos y venezolanos tenemos que preguntarnos si la conducta de esta parlamentaria tiene algo que ver con los principios del respeto a la soberanía y la no intervención en los asuntos internos de otros estados y si apuntan hacia la integración».

«La reflexión que hacemos es que ningún parlamentario de cualquiera de nuestros países puede aparecerse en la capital de cualquiera de nuestros países para investigar asuntos internos de la Ley y de la Constitución que regula nuestros estados. Eso es inaceptable», indicó, agradeciendo los múltiples gestos que por diversas vías el pueblo uruguayo ha hecho llegar en respaldo de esta posición.

Maduro señaló que será el Parlasur el que deberá debatir y resolver sobre la conducta de la jerarca, manifestando que en ese marco «los diputados venezolanos sabrán defender la dignidad de nuestro país, la fortaleza de nuestra democracia, y creo que es previsible decir que de la reunión del Parlamento del Mercosur saldrán fortalecidos los principios que nos deben llevar a la unión, como el respeto a los asuntos internos de los estados, que es vital», dijo.

En lo que respecta al tema de fondo, Maduro remarcó que en Venezuela se está en un proceso de lucha contra la corrupción y que en este marco «se aprobó una ley por unanimidad con el voto de los diputados de la oposición (a propuesta de los partidos de la oposición) que dispuso la inhabilitación administrativa de aquellas personas que hubieran incurrido en un conjunto de faltas y delitos y esa ley es la que se está aplicando hoy», expresó. Asimismo, aclaró que de los poco más de 200 inhabilitados, el 60% son de movimientos de partidos afectos a la revolución y el 40% de partidos y movimientos vinculados a la oposición. «Es una ley que se está aplicando a todo el mundo», enfatizó.