Para Bruni, descuentos por paro tienen finalidad "ética y social"

Sobre el tema en cuestión, la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE) sostiene que no se puede considerar al trabajo a reglamento como un paro parcial de actividades. Como informó el pasado martes LA REPUBLICA, en el Consejo de Ministros del lunes 11 se firmó el decreto por el cual se establece que se aplicarán los correspondientes descuentos salariales a todos los funcionarios públicos que detengan sus actividades por medidas gremiales.

Se trata de una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que se transformará en decreto para todos los ministerios, luego de que reciba la firma de todos y cada uno de los ministros, lo que se está realizando por estas horas. En ese marco, Bruni explicó que la iniciativa tiene una finalidad «social y ética». Añadió que los paros, trabajo a reglamento, a desgano, ocupaciones y todas las formas atípicas de las modalidades de la huelga, implican un tiempo en el cual no se trabaja o la actividad disminuye. Además, cuando se realiza un paro «es natural que se produzcan los descuentos del caso, por la ruptura con la habitualidad del trabajo, según las medidas que se adopten». Asimismo, «el Estado tiene el deber de pagar retribuciones a cambio de servicios, pero cuando ese servicio no se presta por las causas que sea, como consecuencia tanto de la forma típica como atípica de paro, es natural que el gobierno no tenga la obligación de pagar y por ello debe descontar del salario de quien lleva adelante la medida sindical en forma proporcional al tiempo no trabajado». Bruni aseguró que hasta el momento eso no se aplicaba en gran parte de la administración pública, aunque aseguró que «no existe un vacío legal», sino que «simplemente había que aplicar los principios elementales del derecho sindical: si trabajo me pagan y si no lo hago no recibo salario a cambio». Indicó que muchas veces por decisiones administrativas no se descontaba, y añadió que en el sistema público ello no se realizaba por costumbre y prácticas que vienen de mucho tiempo atrás. El jerarca remarcó que el gobierno pretende «igualar lo privado con lo público, porque en cualquier actividad en la que no se trabaja no se cobra». Dijo que no posee datos sobre las pérdidas que sufre el Estado por los días de paro de los funcionarios públicos, pero sí existe un «evidente enlentecimiento, porque no se tramitan expedientes, lo que origina perjuicios a los contribuyentes». Aclaró que la propuesta «no surge por el conflicto actual de los controladores aéreos, sino de un hecho constatable desde hace tiempo, a lo cual había que ponerle cierto límite, y esto no significa en absoluto ignorar el derecho de huelga y modalidades atípicas, lo que se puede hacer en ejercicio de la libertad sindical, pero también hay que someterse a las reglas de juego». De todas maneras consideró que el impulso de esta medida podrá rozar el conflicto de los controladores aéreos en la medida en que el mismo se extienda hasta que entre en vigencia el decreto.

En tal sentido, el presidente de COFE, Pablo Cabrera, dijo a LA REPUBLICA que «la discusión no pasa por el descuento cuando uno participa de un paro y una movilización, porque cuando el trabajador opta por llevar adelante una medida gremial de este tipo, asume automáticamente que se le va a descontar de su salario. Eso es normal y se aplica como debe ser». No obstante, dijo Cabrera, «el trabajador también tiene la opción de hacer medidas gremiales que no siempre terminan en el paro de actividades» y ahí es donde entra la posibilidad de trabajar a reglamento, que no es otra cosa que cumplir con la tarea para la cual el funcionario fue contratado. En este contexto, Cabrera señaló a LA REPUBLICA que «la mayoría de los funcionarios públicos no cumple una única función y en determinadas situaciones, como por ejemplo cuando no se está en conflicto, llega a desempeñar tres o cuatro tareas distintas cuando en realidad debería hacer una sola. Entonces, lo que COFE dice es que es ilógico que al trabajador se le descuente por negarse a cumplir determinadas tareas que no le competen, sobre todo cuando no se le allana el camino para tener todos los recursos materiales y económicos a mano», sentenció. Cabrera agregó que «el tema central de este decreto no es el descuento que se puede realizar de acuerdo al paro de actividades, sino cómo definimos cuál es el parámetro que mide estas realidades cuando no hay efectivamente un cese de actividades, sino que simplemente se maneja un límite a la prestación que se da», concluyó.