De Marco: "Quieren dejarnos en un rincón para que no molestemos"

«Sí prestaron atención a los pedidos de distintos grupos, en artículos que no tienen iniciativa ni de la Corte ni del Poder Ejecutivo. Nosotros vamos a plantear su veto o directamente su inconstitucionalidad. Para esas cositas sí tuvieron tiempo, para preocuparse de estos temas importantes, que no es el interés personal sino el interés del servicio no hubo oportunidad», expresó Alonso de Marco sobre el Presupuesto que se votó para el Poder Judicial.

Respecto a los artículos que a entender de la SCJ son inconstitucionales, señaló: «Hay dos muy claros, el 468 y 470, por falta de iniciativa. Hay otros en mi opinión grotescos, como el de la famosa reestructura. La Corte creó un grupo de trabajo que funcionó durante dos años integrado por diferntes representantes de la oficina central, delegados de las asociaciones, de las cuales la Asociación de Funcionarios no participó por distintas explicaciones. El 10 de agosto, cuando faltaban 20 días para terminar el plazo constitucional y ya la Corte había hecho conocer el proyecto, presentaron una supuesta reestructura que era simplemente una consideración de la situación de los funcionarios administrativos y auxiliares, como si sobre ellos marchara el Poder Judicial, y los demás grupos que se las arreglaran. Presentaban un total de gastos en el cual el aumento para ellos era del 70% y para los jueces era del 0%. La Corte hizo una reestructura, a través de ese estudio, con asesores nacionales e internacionales, se estableció una escala racional considerando oficinas semejantes y esa reestructura jamás fue considerada porque los señores funcionarios querían otra reestrucutura. En el Parlamento ahora sale que para hacer una reestructura, que la Corte ya planteó, se tiene la cifra grotesca de 46 millones de pesos y que además establece garantizará una diferencia entre grado y grado de por lo menos un 20% y un 30% en los grados superiores(…) Esto es lo que se pretende financiar con 4 millones de dólares, es grotesco. La Corte le va a plantear al presidente su disconformidad, ya que hay una reforma hecha, el Parlamento la desechó y esto que se votó es absurdo en cuanto al monto y más aun en cuanto a la separación de grados que se propone…

Interrogado sobre si esta desatención hacia el Poder Judicial de parte del Ejecutivo y el Legislativo es por desconocimiento, ignorancia o ex profeso, Alonso de Marco manifestó: «Acá existe un doble discurso, por un lado se dice que el Poder Judicial es un poder pero el escenario político no se la cree. Muchos porque no saben ni lo que es, porque algunos políticos creen que los ministros de la Corte respondemos a algún partido y somos designados por el presidente de la República, como me ha ocurrido. Hay legisladores que ignoran todo esto, no tienen la menor idea de la trascendencia que puede tener un Poder Judicial independiente para la globalización del Estado de Derecho y la atracción de inversiones externas que a ellos tanto le preocupan. Por un lado están tironeados por una cantidad de necesidades, de grupos que tienen votos, ya que el Poder judicial no da votos. A su vez en mi opinión, en definitiva, quieren dejarnos en un rincón para que no molestemos demasiado».

El fiscal de Corte y sus intromisiones

La SCJ ha tenido una serie de discrepancias con el fiscal de Corte Oscar Peri Valdez , ante la pregunta si este funcionario ha querido entrometerse en temas que hacen al Poder Judicial y que no refieren a la Fiscalía específicamente, contestó: «El mismo lo ha dicho públicamente, que el Ministerio Público pase a ser el centro del Poder Judicial, cuando la Constitución dice otra cosa y sobre esa base él ha edificado –con un método y una paciencia naturalmente digna de encomio– a lo cual lo ha ayudado no solamente su trabajo, espíritu e inteligencia, sino también el hecho que se desembarazó de entrada del grueso de los expedientes en lo cuales la Corte entendía que debería intervenir y en su mayoría no estudió.

Y se ha dedicado a este tipo de cosas, lo ha declarado, como nosotros hemos podido comprobar, eso desgraciadamente, y como creímos y seguimos creyendo que no puede haber anarquía, feudalismo dentro de los distintos organismos ni dentro de los grupos, hicimos el convenio con la Fiscalía de Corte tratando de coordinar actividades.

Pero resulta que ahora la coordinación la hace él (Peri Valdez) cuando le conviene y cuando no le conviene ignora al Poder Judicial.

Por ese motivo después de haberle tolerado muchas y muchas intromisiones dentro del Poder Judicial resolvimos denunciar el convenio con mucho dolor.

También hemos hecho sobre este tema un planteo al Ministerio del Interior y aprovecho para desmentir una notifica que salió en un diario y que no han desmentido, de que habíamos denunciado el convenio con el Ministerio del Interior.

Pero sí le hicimos ver al ministro que no es posible que haya un convenio y que el Ministerio del Interior ignore al Poder Judicial en temas que tienen que ver con la Justicia. Se lo planteamos, a ver qué piensa, si quiere seguir o no, estamos esperando lo que contesta y actuaremos en consecuencia».

La Ley de Desempapelamiento

En lo que refiere a la llamada Ley de Desempapelamiento, el ministro de la Corporación indicó que la misma «lo único que persigue, que en su origen fue propuesta por la Corte y recogida por el Presidente de la República en este aspecto, y después se convirtió en ley ese artículo, pretende no atestar los juzgados de expedientes que no tienen ninguna consecuencia práctica.

Porque después que un individuo sale en libertad muy difícilmente es reintegrado a la cárcel, salvo que cometa un nuevo delito. Entonces, simplemente estos papeles después que el individuo está en libertad se ponen en un determinado lugar y se espera a ver si el individuo delinque o no, evitándose miles de trámites de toda especie que se tienen por muchísimos años, sin ninguna utilidad, porque no son más que papel y cuestiones supuestamente teóricas que no tienen ninguna consecuencia práctica, atasca los juzgados y no permite trabajar con la rapidez que se deberían hacer los asuntos donde realmente hay un interés, sobre todo los asuntos de la gente que está presa sin condena…

El trabajo a reglamento

Desde mediados de setiembre los funcionarios judiciales trabajan a reglamento, lo que generó críticas del Colegio de Abogados a la SCJ, destacando que la medida tomada por los funcionarios viola el estado de Derecho. Alonso de Marco no eludió hablar del tema.

«Sobre el trabajo a reglamento la Corte no tenía noticias concretas, porque no conocemos cuál es el tal reglamento. Hemos pedido informes a los jerarcas a ver en qué consiste ese trabajo a reglamento, si ellos lo conocen, si saben qué fundamento jurídico tiene y en el caso que no lo tenga qué medidas disciplinarias han adoptado para corregir eso. De modo que es un tema que la Corte tiene en proceso, en un momento que están en huelga los funcionarios y los actuarios es muy difícil procesar la información de todos los cientos de oficinas que existen en el Poder Judicial, pero tiempo al tiempo y la Corte va a tomar algún tipo de medidas.

También aprovecho la ocasión para decir que algo parecido ocurrió en el Ministerio de Cultura, donde no se inscribía para los casamientos, no se expedían los certificados registrales que son imprescindibles para todo tipo de negociación y sin embargo no sentí que el Colegio de Abogados se haya quejado de que el Estado de Derecho no funciona.

No funciona porque los hechos lo imponen. Por eso la Corte le planteó al Colegio de Abogados que dijeran si tenía alguna solución. La preocupación la tenemos todos, pero hay que ver dónde está la solución. La
solución hubiese sido que las aspiraciones salariales de los funcionarios fueran contempladas, pero eso no depende de nosotros. Si hay otra que la digan».