Tras la ruta de la droga en Uruguay
Peritos financieros, contables y tributarios, trabajan para tratar de establecer si los bienes pertenecientes a las personas procesadas en el marco de uno de los operativos antidroga más grandes en la historia del país, provienen justamente del narcotráfico, para así solicitar su decomiso.
Un equipo de expertos de distintos organismos públicos están analizando la información financiera y tributaria de los procesados por el denominado «Operativo Cancerbero», en que se secuestraran 319 kilos de cocaína y fueran procesadas 16 personas, entre ellas el empresario Edward «Vela» Yern, quien fue encarcelado por el artículo 32 de la Ley 14.294, «financiación del narcotráfico por reiteración real».
Fuentes judiciales dijeron a LA REPUBLICA, que lo que se está haciendo es el análisis de la información económica y patrimonial, un estudio socioeconómico de cada uno de los procesados, que va desde el levantamiento del secreto bancario hasta el estudio de sus ingresos y los impuestos que ha pagado.
Se señaló que, lo que se realiza es un perfil de cada uno de los procesados, para tratar de determinar si su patrimonio se condice con los ingresos que han declarado en determinado período y, de esta forma, poder establecer si sus bienes fueron adquiridos con dinero proveniente del narcotráfico, y si es así, poderlos decomisar.
Vale señalar que, generalmente, el decomiso de bienes es posterior a la sentencia, ya que en muchos casos es parte de la pena.
Este trabajo es encabezado por el departamento de Prevención de Lavado de Activos, con Ricardo Gil Iribarne al frente, que en este caso cuenta con el apoyo de contadores de la Dirección General Impositiva (DGI), del Banco de Previsión Social (BPS), del Instituto Técnico Forense (ITF) y de personal de la Dirección General de la Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid)
Es de señalar que el estudio es muy minucioso y que se extiende tanto a la familia de los procesados como a las empresas que poseen o para las que desempeñaban tareas, más aún si era desde cargos jerárquicos con poder de decisión económica.
Operativo Cancerbero
El «Operativo Cancerbero», comenzó a gestarse sobre mediados de noviembre del año pasado y a fines de mayo del presente, tuvo su primer gran golpe, cuando en dos casas de Montevideo y Shangrilá se incautaran 319 kilos de cocaína, deteniéndose a unas 20 personas, además de incautarse seis vehículos, cinco computadoras portátiles, 16 teléfonos celulares y varias armas de fuego.
El caso pasó a la órbita del juez Penal de 4º Turno, doctor Jorge Díaz y de la fiscal Mónica Ferrero, de cuyas primeras actuaciones resultaron procesadas ocho personas, aunque posteriormente corrieron la misma suerte otras seis.
Días más tarde y con una cobertura periodística que trascendió fronteras, fueron procesados dos conocidos empresarios vinculados al deporte, acusados de financiar a los narcotraficantes.
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