El Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay presentó finalmente el miércoles la denuncia contra el Secretariado Ejecutivo del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T) por la “desaparición forzada” del ex integrante de la organización, Roque Arteche.
El abogado de la ONG Daniel Arocha concurrió sobre las 15:00 horas de ese día al Juzgado y presentó la denuncia contra los máximos dirigentes del MLN-T por la “ejecución y desaparición” en 1971 del ex militante tupamaro Roque Arteche.
El juez penal de 19º Turno, Luis Charles, recibió la denuncia de la ONG de reciente conformación presidida por los dirigentes colorados Hugo Ferrari y Sergio Molaguero, luego la misma fuera rechazada por carecer “de las formalidades básicas”, indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.
La denuncia recayó para su estudio en la Fiscalía Penal de 4º Turno, la cual está vacante ya que su titular Enrique Möller se encuentra “en comisión” en el despacho del diputado nacionalista Sergio Botana. El Ministerio Público será representado alternadamente por Eduardo Fernández Dovat y Mónica Ferrero.
La denuncia “es contra la cúpula del MLN entre 1970-72, que en principio tendrían que ir como testigos para deslindar su responsabilidad o asumirla” y utiliza como “argumento base” el auto de procesamiento del ex dictador Gregorio “Goyo” Alvarez, dijo Arocha.
El delito por el que se pretende juzgar a la cúpula del MLN “no está amparado por la Ley de Amnistía (a presos políticos) de 1985, porque esa ley es para los delitos por los que ya estaban procesados o condenados, delitos que nunca fueron juzgados ni imputados”, explicó Arocha.
Además “la Ley 18.026 que regula los delitos de lesa humanidad no admite amnistías ni indultos, aunque quienes los cometieran no sean mandos. Incluso para el caso de los militares no admite la obediencia debida. Elimina los indultos y las jerarquías militares”, indicó el abogado.
LA REPUBLICA preguntó entonces si ese argumento no podía hacer caer la propia Ley de Caducidad, que ampara a los subordinados militares, ya que sólo permite juzgar a los mandos. El abogado consideró que “es un tema complejo, pero la Ley de Caducidad es distinta que la Ley de Amnistía”.
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