Senado rechazó proyecto de la UE de expulsión de inmigrantes

La Cámara Alta resolvió ayer, por unanimidad, rechazar enfáticamente, por violación de los derechos humanos, la anunciada decisión del Parlamento Europeo de votar en esta jornada una ley que habilite la expulsión de inmigrantes clandestinos de la Unión Europea.

“La decisión anunciada por el Parlamento Europeo de votar una directiva sobre retorno de los inmigrantes y disponer incentivos económicos para que ello se concrete, constituye una violación a los derechos humanos básicos y en particular al derecho a la libre circulación internacional”, afirma la declaración senaturial.

Asimismo, entiende que la decisión de aumentar a 18 meses la internación de inmigrantes sin papeles, “consagra una privación de libertad que se convierte en una verdadera pena de prisión”.

En su declaración los senadores sentencian que se trata de “una flagrante incongruencia de la Unión Europea que nutrió de inmigrantes a América Latina y que se ha beneficiado de la capacidad de trabajo, de la honestidad y el esfuerzo de decenas de miles de inmigrantes”.

La norma de claro tinte derechista establece un período de detención de hasta 18 meses y una prohibición por cinco años para volver a entrar en Europa.

El Senado resolvió “hacer conocer a los órganos de las Naciones Unidas este rechazo, así como convocar a todos los parlamentos de América Latina a sumarse a esta posición y trasmitir a sus gobiernos la necesidad de tomar las medidas correspondientes desde el punto de vista del Derecho Internacional”.

Parlamento Europeo, dividido

Según “El País” de Madrid, los grupos políticos del Parlamento Europeo han escenificado hoy su división de opiniones sobre la conocida como directiva sobre el retorno de inmigrantes. “Populares” y “liberales” optan por dar su visto bueno, mientras los socialistas no han especificado el sentido de su voto ante las discrepancias entre los distintos países. Izquierda Unitaria se opone a la norma, que prevé, entre otras cosas, aumentar a 18 meses el período de internamiento de inmigrantes sin papeles. Hoy está previsto que los eurodiputados voten la directiva, que ya cuenta con el respaldo de los ministros, por lo que, de salvar el trámite, quedará definitivamente aprobada.

No está cantado, de todas formas, que la norma pase el trámite parlamentario. Por el momento, la directiva cuenta con el respaldo explícito del grupo Popular y de una mayoría del Liberal que, sumado al de los diputados más a la derecha del hemiciclo podría ser suficiente.

Mientras, la izquierda se ha mostrado contraria a la actual redacción, aunque el grupo socialista aún no ha definido el sentido de su voto hay diferencias entre los distintos países, y esperan a la votación de las enmiendas que han presentado para decidirlo. Para los liberales, tercera fuerza de la cámara, el texto de la directiva aprobado por los ministros “no es perfecto”, pero va en la “dirección adecuada”. No obstante, la opinión favorable dentro de los liberales no es unánime.

Tampoco lo es entre los socialistas. Por ejemplo, los españoles están a priori a favor, pero el grupo socialista europeo ha presentado siete enmiendas, incluyendo una para que el período de internamiento se quede en seis meses y no se aumente a 18. El eurodiputado español Javier Moreno ha defendido la postura de los españoles favorable al texto, diciendo que supone “un paso adelante hacia una política de inmigración común”, pero ha defendido los cambios propuestos por su grupo como una forma de “acercar la directiva a las legislaciones más avanzadas y garantistas, como la española”.

Verdes e Izquierda Unitaria se oponen al texto de la directiva, que consideran “vergonzoso”, según ha expresado el español Willy Meyer. Para los Verdes, sólo es “una extensión de la política restrictiva de los países”. En su intervención, Meyer ha llamado a la movilización ciudadana en contra de un marco legal que, a su juicio, sólo pretende facilitar “la expulsión de 8 millones de personas”.

Finalmente, el ministro del Interior esloveno, Dragutin Mate, en representación de los Veintisiete, ha asegurado que los países no aceptarán cambios en un texto que ya está “en el límite” de lo que algunos gobiernos podían aceptar. Por ello, ha advertido que en caso de que el Parlamento Europeo obligue a un proceso de segunda lectura se darían “retrasos grandes” durante los que “no se mejoraría la situación de los inmigrantes”.

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