El Ejército difunde a todo lujo versión de su historia

Mientras con el apoyo de todos los sectores políticos trabaja al Comisión para la Paz, se logra la recuperación de la nieta del poeta argentino Juan Gelman y Serpaj identifica los restos del desaparecido Olivar Sena, el Ejército en una publicación oficial vuelve a negar las torturas, las ejecuciones y las desapariciones.

Cuando, a su vez, empieza a descorrerse el velo de lo que fue el tráfico de niños desde Argentina hacia Uruguay y se empieza a vislumbrar que en nuestro país también se hicieron vuelos de la muerte, desde una publicación oficial del Ejército se reivindica la «ética» de la actuación de «las Fuerzas Conjuntas» durante la dictadura. Mientras el presidente de la República, Jorge Batlle, habla hasta de un pedido de perdón de parte del Estado para aportar a lo que denominó «estado del alma», el Ejército revindica el accionar del Organo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) donde se nucleó lo peor de los torturadores; aquellos que manejan el grueso de la información sobre los desaparecidos y se niegan a colaborar con la Comisión para la Paz.

En su historia oficial, el Ejército sostiene que las Fuerzas Armadas en su conjunto fueron respetuosas de los derechos humanos de los detenidos, alojaron a éstos en cárceles modelo y actuaron guiados por «principios éticos» orientados «siempre al respeto por la vida humana».

Las 23 páginas dedicadas a este período histórico están profusamente ilustradas por fotos y tapas de diarios que destacan las acciones de la guerrilla.

Una visión muy peculiar

«El texto –de unas 350 páginas– titulado «Historia del Ejército», al que accedió LA REPUBLICA, fue editado por el Departamento de Estudios Históricos del Estado Mayor del Ejército y distribuido en los últimos días tanto en institutos castrenses como en el propio Parlamento.

El Ejército reivindica en el libro la «guerra antisubversiva» hasta el año «1985», reconoce la detención de casi «7.000» personas durante la dictadura y advierte sobre el peligro de nuevos rebrotes «terroristas». También aborda el proceso de la transición, la salida negociada y la aprobación tanto de la Ley de Amnistía para los presos políticos como de la Ley de Caducidad.

Para el Ejército, la acción de grupos revolucionarios en nuestro país fue el reflejo del conflicto desatado a nivel mundial conocido como la Guerra Fría, a partir de 1963 pero particularmente desde 1967.

En esos años, destaca la publicación militar, «grupos terroristas locales consumaron una sucesión creciente de asaltos, robos, secuestros, atentados explosivos, asesinatos y copamientos de ciudades, haciendo temer por la supervivencia del Uruguay como estado libre y soberano».

Destaca que el Poder Ejecutivo enfrentó el «terrorismo con firmeza y decisión» aunque «careció del necesario apoyo integral de otros ámbitos estatales, lo que dificultó la acción de las fuerzas policiales que constituyeron el primer escalón de defensa desde sus comienzos, pagando un alto tributo con la sangre de sus servidores».

Señala que el combate a la «subversión» sufrió un «duro impacto al fugarse masivamente el 6 de setiembre de 1971 un centenar de sediciosos que, costosa pero eficientemente, se había logrado recluir, entre ellos los principales líderes».

A partir de la asunción de las Fuerzas Armadas la conducción de la «lucha contra la subversión», por mandato del Poder Ejecutivo, el Ejército «debió entonces afrontar una guerra no esperada, con reglas desconocidas y por tanto con medios y métodos no convencionales hasta ese momento no previstos». No obstante, se agrega en el libro, el Ejército se adaptó rápidamente para cumplir «a cualquier costo con el sagrado deber de defender la nación del agresor subversivo».

En 1971, en pleno año electoral, la estrategia apuntó a asegurar «el normal desarrollo del acto eleccionario y el consecuente cambio de gobierno, para después destruir el aparato militar de las organizaciones terroristas y restablecer plenamente la tranquilidad y el orden interno y en última instancia dar seguridad al desarrollo nacional como vía de alcanzar el bienestar de los orientales».

Una vez logrado esos objetivos, el 14 de abril de 1972, «la subversión lanzó un cruento desafío intimidatorio asesinando a un profesor civil, dos policías y un militar».

Esa jornada, dio lugar a una «rápida respuesta política decretándose el Estado de Guerra Interno con la anuencia del Poder Legislativo».

Empero, recuerda que «poco antes, las Fuerzas Armadas habían impugnado una declaración de guerra subversiva no reconociendo a sus autores el estatus de estado beligerante, que hubiera habilitado legalmente el apoyo bélico y económico de países afines».

A partir de ahí, «las operaciones militares se desarrollaron agresiva y exitosamente tanto en los centros urbanos como en el medio rural, no sin el alto costo de preciosas vidas, capturando progresivamente numerosos sediciosos, armamento, material y locales, liberando rehénes y logrando la desarticulación del aparato militar de los grupos principales en pocos meses».

Agrega que «el producto material de robos y asaltos cuyo monto aún no ha sido estimado totalmente, no fue en su mayor parte recuperado». A raíz de la ofensiva de las Fuerzas Conjuntas, «las organizaciones subversivas radicales se dispersaron hacia el exterior del país, continuando su funcionamiento desde diferentes lugares en América y Europa al amparo de gobiernos tolerantes y ayudados por otros grupos revolucionarios con los que intentaron una acción subversiva coordinada internacionalmente y su retorno al territorio uruguayo».

En 1974, continúa señalando la publicación, «son desbaratados otros intentos subversivos basados en la reorganización de remanentes regresados de los países vecinos y en la acción de grupos menores». Y en 1976, «es descubierto y progresivamente desmantelado el aparato armado de un partido político marxista-leninista prosoviético, verdadero ejército mantenido en las sombras desde la década del 60″.

Agrega que «su organización estaba apoyada por un considerable sistema logístico militar y por la preparación de cuadros en varias escuelas militares soviéticas y cubanas, habiendo prestado contingentes para combatir incluso en el extranjero».

El libro evita en todo momento mencionar a los grupos revolucionarios contra los cuales se combatía. Tanto el Movimiento de Liberación Nacional como el Partido Comunista, son descriptos únicamente según su signo ideológico.

Acciones hasta 1985

El Ejército destaca que la «campaña militar antisubversiva» tuvo su área neurálgica en Montevideo, y agrega que las operaciones de las Fuerzas Conjuntas «fueron coordinadas por el Organo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA)».

Mediante distintas acciones, un total de catorce, en el Interior del país, el Ejército logra desbaratar la red de escondites subterráneos (tatuceras) en el correr del año 1972.

No obstante, agrega que las «operaciones antisubversivas cesaron en marzo de 1985, por disposición superior, lográndose que hasta esa fecha ninguna organización operara violentamente en nuestro territorio, manteniéndose los detenidos capturados desde 1972 –que alcanzaron una cifra de casi 7.000– alojados en establecimientos de reclusión modelo sometidos a los controles de todas las organizaciones internacionales afines con los derechos humanos».

Esos controles, añade, «fueron un vivo testimonio de los principios éticos que guiaron el comportamiento general de los integrantes de las Fuerzas Conjuntas, entre ellas el Ejército, orientado siempre al respeto por la vida humana».

Como saldo, seÃ
±ala el libro, los uniformados y los «civiles inocentes» sufrieron seis decenas de bajas mientras que medio centenar de integrantes de «organizaciones revolucionarias» fue abatido.

Entre la lista de los caídos «en la lucha contra la subversión» se incluye al coronel Ramón Trabal, muerto en Francia. Todas las investigaciones independientes, incluso la de la Policía francesa, apunta a la dictadura como inspiradora e incluso se maneja que habría participado un comando chileno, es decir que habría operado el «Cóndor».

También figura el capitán Wilfredo José Busconi, muerto de un balazo en la cabeza en el operativo que realizaron las fuerzas conjuntas contra el Seccional 20º del Partido Comunista, en abril de 1972 en el que fueran asesinados ocho obreros comunistas. La investigación parlamentaria y varios testimonios presenciales señalaron que Busconi cayó herido por una bala disparada por los efectivos militares y policiales que participaron de ese operativo.

El libro señala que las muertes fueron todas «dolorosas pero que en conjunto representan un porcentaje mínimo con respecto a los efectivos involucrados en el conflicto».

Nada dice el libro de los 176 desaparecidos, los miles de torturados y las decenas de muertos en torturas o en prisión.

La vuelta a la democracia vista por los militares

Los militares expresan su visión de la transición hacia la democracia con un dejo de crítica hacia los cuestionamientos que recibieron desde la sociedad.

Tras la asunción del nuevo gobierno en 1985, indican que el gobierno electo «procuró una solución jurídica a las secuelas del conflicto, promoviendo una ley de amnistía general» que determinó la «liberación de todos los detenidos por actividades subversivas aún con penas a cumplir por delitos de sangre, así como el regreso al país de personas autoexiliadas vinculadas directa o indirectamente a la subversión, reconociéndoseles antigüedad laboral para recuperar sus empleos, reconstitución de actividades y pago de haberes retroactivo».

Del mismo modo, «los partidos políticos y grupos protagonistas de acciones terroristas tuvieron el campo abierto para futuras actividades políticas democráticas».

En cambio, agrega, las Fuerzas Armadas «fueron objeto de juicios y demandas sectoriales que llevaron al gobierno a procurar una solución auténticamente uruguaya que permitiera encarar el futuro sin mirar hacia atrás en ningún caso».

La declaración de 1986

En el texto, se recuerda la declaración del año 1986 en la que los mandos militares reconocen expresamente el «quebrantamiento de la legalidad vigente» en junio de 1973, y que con ella, «también se pierden los puntos de referencia a que se deben ajustar la conducta y la conducción misma». «Los hechos derivados de tal situación, cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas, son de su responsabilidad, por acción u omisión, por lo que no puede ésta recaer en sus subalternos sin crear una situación de grave lesión al ascendiente moral que sustenta el principio de autoridad, rector de la subordinación, disciplina e integridad de la institución militar».

Días después, recuerda el texto, se produce la aprobación de la Ley de Caducidad que fue ratificada a través del referéndum de abril de 1989.

Las nuevas tareas para el Siglo XXI

El libro culmina con un escrito donde se describen las nuevas tareas para el Ejército. En él se destaca la capacidad de transformarse «en una fuerza irregular» y enfrentar una «agresión terrorista». «Pero a la vez el Ejército tendrá que consevar la aptitud para el cumpliemto de las demás misiones de servicio a la sociedad que lo han caracterizado a través de toda su existencia y en especial en el presente siglo que finaliza. Estar en condiciones de transformarse en fuerza irregular o de enfrentar un eventual agresor terrorista, actuar en beneficio de la comunidad en casos de desastres, realizar obras de conveniencia pública, participar en misiones para el mantenimientos de la paz en el mundo, seguirán siendo constantes para el empleo flexible del Ejército».