Se presentó apelación en Italia
El gobierno uruguayo presentó ayer la apelación ante la Suprema Corte de Salerno a la denegatoria de la Justicia italiana al pedido de extradición para el represor Jorge Tróccoli.
El plazo para la apelación, de acuerdo al informe que presentó un estudio de abogados italianos contratado, era de 15 días por el artículo 71 del Código de Procedimiento Penal italiano, y vencía hoy.
Tróccoli, acusado en Uruguay de violaciones a los derechos humanos, fue detenido en Italia el 23 de diciembre pasado ante la requisitoria uruguaya. Empero, luego liberado, al transcurrir el plazo de tres meses sin que se presentara el pedido de extradición. Según los tribunales italianos, el plazo de noventa días se cumplió el 23 de marzo. Este hecho motivó el inicio de una investigación administrativa en la embajada uruguaya. El embajador en Italia, Carlos Abín, ha dicho que el pedido de extradición fue entregado el 27 de marzo. Uruguay, a través del grupo de abogados italianos, alega que el plazo vencía el 31 de marzo -las autoridades italianas formalizaron la detención de Tróccoli el 31 de diciembre- y no el 23 de marzo.
El ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Fernández, dispuso la conformación de una investigación administrativa «para esclarecer la situación suscitada en la Embajada de Uruguay en Italia», tras la excarcelación de Jorge Tróccoli por la entrega fuera de plazo del pedido de extradición en su contra. El expediente salió de la Cancillería el 13 de marzo por vía diplomática y llegó a la embajada al día siguiente. Abín después se supo no se encontraba en ese momento en la embajada, sino en Barcelona. El canciller ordenó el retorno del embajador a Montevideo para brindar explicaciones, momento en el cual Abín puso «su cargo a disposición». El Ministerio de Relaciones Exteriores resolvió no adoptar ninguna decisión «hasta tanto no se determine si existieron o no responsabilidades», dijo entonces Fernández.
Fernández informó en el Consejo de Ministros que el embajador Abín había sido interrogado durante aproximadamente 7 horas en Italia.
Explicó que la Cancillería contrató un estudio jurídico especializado en temas penales y extradición, e integró un equipo conformado por tres profesores de derecho penal y procesal penal y un profesor de derecho penal internacional, el cual se encargará de presentar una apelación contra la resolución del Tribunal de Salerno (Italia).
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