Deploró "terrorismo verbales"

El ex ministro de Vivienda y actual senador de la Vertiente Artiguista, Mariano Arana, defendió ayer el proyecto de Ordenamiento y desarrollo territorial sostenible, el cual podría resultar sancionado hoy en Diputados, y rechazó de plano las afirmaciones realizadas por el dirigente nacionalista Juan Andrés Ramírez referidas a que con dicha iniciativa el gobierno «afecta la propiedad privada».

Las afirmaciones de Ramírez, referidas a que se trata de «una barbaridad jurídica», fueron publicadas el pasado lunes en la portada de El País bajo el título: «Objetan ley que beneficia a los ocupantes de viviendas».

«Me da la sensación de que estos titulares catástrofe denotan una especie de terrorismo conceptual, para una ley que fue criteriosamente analizada y elaborada en el Ministerio de Vivienda y con asesoramiento de abogados nacionales de varios ministerios, y juristas europeos, y luego fue considerada durante 15 meses en el Senado», dijo Arana.

El legislador acotó que a su juicio «se está simplificando y llevando a extremos de reducción conceptual esta iniciativa, que es la puesta al día para el Uruguay, en la medida que el país está retrasado en legislación territorial vinculada con aspectos ambientales».

«Reducir todo a supuestas formas de socavar la propiedad privada me resulta de una simplificación extrema, cuando lo importante es que la propuesta brinda a todos los organismos departamentales y locales nuevos instrumentos para actuar con mayor flexibilidad y dinamismo ante aspectos que involucran la actividad departamental y local, siempre que los propios jerarcas lo consideren oportuno», señaló el legislador.

Explicó que la propuesta que se encuentra en el orden del día de la sesión de la Cámara de Diputados de hoy y por ello podría convertirse en ley, trata de «evitar ciertas prácticas de propietarios que han dejado invadir sus predios, con la expectativa de generar condiciones favorables desde el punto de vista de los réditos inmobiliarios apostando a que una vez que las tierras son invadidas, el sector público se verá presionado para tratar de que esas tierras sean expropiadas y recalificado el suelo».

«Una cosa es defender los derechos a la propiedad y otra es ser muy conscientes de que los derechos de los propietarios tienen sus acotamientos de acuerdo a las normas vigentes con el sentido de hacer prevalecer el interés general frente al individual», puntualizó Arana.