Pese a recuperación, el gobierno se enfrenta a los índices estructurales
A la vez, la preocupación de la administración también se centra en mejorar la calidad del empleo y en comenzar a atacar el sostenido flujo emigratorio. Tres temas entrelazados.
La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi reveló el pasado jueves que en el período 2005 2007, la pobreza descendió en Uruguay un 20,1% y la indigencia un 50%, mientras que el Producto Bruto Interno (PBI) creció de 6,6% a 22,6% en igual período.
Pero a pesar de los esfuerzos que ha realizado el gobierno desde el inicio de su gestión y de los que pretende impulsar en adelante, para disminuir drásticamente los niveles de pobreza, indigencia y desocupación, de todas maneras se estima que los resultados no son los esperados. A esto se suma el evidente flujo migratorio que tampoco descendió en forma significativa con el advenimiento de la izquierda al poder.
Es por ello que la próxima Rendición de Cuentas tiene como objetivo prioritario aumentar el gasto social. En ella se prevé un espacio fiscal adicional de U$S 319 millones, de los que U$S 134 millones estarán destinados a la Educación Pública, U$S 92 millones serán asignados a la Salud y U$S 27 al Plan de Equidad, entre otros.
Pobreza extrema, emigración y apuntar a mejorar la calidad del empleo, son de los objetivos prioritarios a los que enfocará toda su atención la actual administración durante los próximos meses.
De todas maneras, tanto a nivel del gobierno como de la comunidad científica se comienza a hablar de guarismos «estructurales» de pobreza, indigencia, desempleo e, incluso, emigración.
El gobierno y las ciencias sociales tienen asumido que, por ejemplo, la pobreza estructural es una situación compleja que no permita una fácil movilidad, y que para dar respuestas adecuadas se requiere de un proceso gradual de construcción de vínculos e integración social y que las respuestas trascienden largamente un período de gobierno. Ello también es aplicable a la emigración.
Fuentes gubernamentales indicaron a LA REPUBLICA que se estima que la desocupación no podrá ser reducida en Uruguay a menos de un 6% y que la pobreza tiene un techo aproximado de 150 mil personas por lo que ambas no podrán ser erradicadas debido a su carácter estructural, y que algo similar ocurre con la emigración.
«No hubo una caída abrupta en los niveles de pobreza»
La mirada de la comunidad académica sobre tres de los desafíos presentes y futuros de la administración de izquierda, no difieren demasiado del gobierno y las respuestas parecen ir en el mismo sentido.
El sociólogo Gustavo de Armas, señaló a LA REPUBLIACA que la reducción de la pobreza ha sido «sostenida» desde el año 2004.
El 2005 fue el primer año en que se registró un descenso de la pobreza con respecto al año anterior y desde ese momento hasta el hasta 2007. La pobreza en el 2004 era de un 32%, en el 2005 pasó a un 30,9; luego a un 27,5% en el 2006 y finalmente a un 26% en el 2007. Esto quiere decir que hay una tendencia sostenida hacia la reducción de la pobreza».
En cuanto a la indigencia «también se observa una disminución marcada, pero fundamentalmente entre los años 2004 y 2006. Pero entre 2006 y 2007 la incidencia de la pobreza extrema no varió».
De todas maneras señaló que no se advierte una reducción significativa de la pobreza en los últimos cuatro años, «porque no se constata una caída abrupta de los niveles de pobreza, y ya en los últimos 20 años hubo períodos de reducción más marcada de la pobreza».
Aunque el catedrático aclaró que no se puede concluir que las políticas desarrolladas por el actual gobierno no hayan tenido impacto.
Acotó que en los últimos tres años se observa un aumento del gasto público social dirigido a los sectores en situaciones de pobreza, primero a través del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social y luego del Plan de Equidad.
Al mismo tiempo, «hubo una inflación en alimentos por encima de la inflación general que es lo que impacta en el valor de la canasta básica, y lo que define el umbral de pobreza extrema.
«Si la inflación sobre los bienes alimentarios es muy pronunciada naturalmente el valor de la canasta básica alimentaria o línea de indigencia, umbral que define la pobreza extrema, subirá y el valor de la canasta básica alimentaria determinará que suba el valor monetario de la línea de pobreza. Por tanto, el esfuerzo que en los últimos dos años se ha hecho en dirigir recursos hacia los sectores en situación de pobreza extrema, a lo sumo lo que hizo fue atenuar el impacto que habría tenido de no haber existido esta alza en los precios en el nivel de bienestar de los sectores más pobres», añadió de Armas.
Dijo que si no hubiera existido el Panes y en particular el Ingreso Ciudadano, tal vez el país se hubiera encontrado con un incremento de los valores de pobreza y pobreza extrema, o no se hubiese observado la reducción importante que se produjo entre 2005 y 2006.
«Además hay que agregar que una vez que se llega a valores bajos de pobreza extrema o de indigencia, como los que presenta Uruguay de un 2,1%, que son de los más bajo de la región, es muy difícil reducir ese valor», acotó el catedrático.
De Armas señaló que en Uruguay existe un conjunto de población que incluye a la población indigente y la población que apenas supera la línea de indigencia que ronda el 10% y que fue la población a la cual estuvo dirigido el Panes.
«A ese tipo de población dada sus características socio-demográficas: infantilizada, con un bajo capital educativo y con inserción precaria al mercado laboral, quizás el único mecanismo para reducir los niveles de pobreza sea una política consistente o permanente de transferencia de ingresos hacia esos hogares, asociada a capacitación laboral, inserción educativa y mejora e los servicios de salud; de no existir todo esto siempre nos encontraremos con niveles de pobreza altos».
En cuanto a la desocupación y empleo dijo que las tasas «son de las mejores que Uruguay tuvo en los últimos 20 años». Acotó que la situación económica es «excepcional», pero advirtió que cuando una economía crece «muchas veces se traduce en un aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso, por eso no es extraño que en los últimos años y de manera leve haya empeorado la distribución de la renta».
«Uruguay está llegando a los niveles máximo posibles de ocupación. Por lo que quizás el desafío está más en lograr calidad de empleo, estabilidad, productividad y mejores ingresos que en aumentar los niveles de ocupación», añadió.
Sobre la emigración consideró que existe una política que «indirectamente por la vía económica ataca el problema estructural que tiene Uruguay desde hace dos décadas, y directamente con fortalecer el vínculo del Estado con los uruguayos en el exterior».
«El fenómeno emigratorio está tan instalado estructural y culturalmente que es muy difícil revertirlo, a pesar de que la economía crezca y se generen puestos de trabajo. Es un fenómeno estructural que no se resolverá ni en 5 o 10 años, porque está instalado desde el punto de vista social, cultural y económico y demandará políticas de largo aliento», sentenció.
Por su parte, el politólogo Adolfo Garcé señaló que la desocupación «ha bajado mucho», aunque remarcó que hay países en los que es inferior a 4%. Pero resaltó que en este momento no significa un drama como sí lo fue en el año 2002.
«Sin embargo, que la pobreza esté en el 26% sí es preocupante y que bajó menos de lo esperado también preocupa, pero no es que falten esfuerzos, seguramente falta tiempo para que esos esfuerzos se vean», remarcó el catedrático.
Añadió que, además, hay factores que «están fuera de la responsabilidad del gobierno, como lo son el precio de los alimentos y el incremento de los precios de los combustibles lo que determina que buena parte del dinero que ingresa en los hogares mediante las pol
íticas sociales, también se va por el incremento de los precios.
Hay un efecto de inflación que está conspirando contra la reducción de los índices de pobreza».
En cuanto a la emigración, remarcó que no tiene la plena seguridad de que el gobierno tenga una política concreta para contrarrestarla, «quizás se la suma de medidas como generar empleos».
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