Gobierno aplica batería de medidas para evitar incremento de precios

En ese marco, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, expresó que Uruguay es el país de América Latina en el cual «pesa más la presión inflacionaria de los alimentos».

Por ello varios ministerios tales como Economía, Ganadería y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) están trabajando para amortiguar el impacto que puede tener el incremento de los precios de productos de primera necesidad en la población de menores recursos.

Astori aseguró que el gobierno tiene pensado aplicar las mismas medidas «monetarias, fiscales y comerciales», sobre el incremento del precio de los productos de la canasta básica, que ya se habían implementado en anteriores procesos inflacionarios que se registraron en el país.

El secretario de Estado también aseguró que el gobierno está «muy atento a la posibilidad de detectar movimientos especulativos» en el mercado, y aseguró que existen instrumentos para hacerlo como son: la Ley de Defensa de la Competencia y la Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía.

 

Arroz a $15

Por su parte, el director de Planeamiento, Enrique Rubio dijo anoche a LA REPUBLICA que la OPP ha venido trabajando para que el incremento internacional del arroz no afecte el consumo interno.

En tal sentido, aseguró que la Comisión Sectorial del Arroz que integran el gobierno (OPP), la Asociación de Cultivadores de Arroz, los dos molinos arroceros: Saman y Coopar, lograron un acuerdo base referido a la colocación en el mercado mayorista de un arroz de «nivel medio» compuesto por un 20% de grano quebrado, cuyo precio se ubicará en el entorno de los $15 en el mercado mayorista y se venderá por un plazo de 3 meses. Se trata del arroz «Pony» que produce Saman y «Vivarroz» de Coopar.

«Esto supone un buen precio para un producto de calidad media», dijo Rubio.

El jerarca añadió que ahora el gobierno deberá lograr un acuerdo con las cadenas distribuidoras para que el producto se encuentre en las góndolas de los supermercados y a precios razonables, es decir no muy superior a los $15. A tales efectos el próximo martes se realizará una reunión entre la administración (OPP y Ganadería) e integrantes de la cadena distribuidora (Cámara de Comercio, Cambadu y Grandes Superficies).

En tanto que el miércoles se convocaría nuevamente a la Comisión Sectorial y se invitaría a participar a las cadenas de distribución.

Rubio señaló que se apelará al esfuerzo de los distribuidores para que reduzcan sus ganancias al mínimo rentable. El control del stock y costo del producto estará a cargo de la Unidad de Defensa del Consumidor.

«Esto es un acuerdo voluntario entre el gobierno, productores y distribuidores. Es decir, todos ponen su parte», puntualizó Rubio.

Por otro lado, en cuanto al precio de la leche, dijo que se logró un acuerdo por el cual a toda la leche que llega a planta se le deduce el 10%, eso se acumula en el Fondo Lechero y se vuelca al mercado interno para abaratar su precio entre 50 centésimos y $1. En el caso de la carne porcina y de aves «no se aplica el IVA, lo cual significa un costo fiscal neto de US$ 9 millones de dólares, aproximadamente», dijo. En cuanto a las frutas y hortalizas, se ha visto la posibilidad de importación, «lo cual, el sólo anuncio de la medida provocó la baja de algunos productos, porque había una especulación desatada pensando en el desabastecimiento en el invierno», expresó Rubio. Sobre el caso de la cadena del aceite, añadió que existen «una serie de reuniones que se están realizando en distintos ámbitos», con la finalidad de lograr un acuerdo.

Rubio aseguró que en cuanto al precio del trigo es más complejo lograr un acuerdo porque se trata de cadenas no estructuradas y con mucha presencia de empresas transnacionales, pero de todas maneras, «el gobierno está realizando grandes esfuerzos».