Nuevo sistema tributario: cambia el IRPF o se creará otro impuesto

El gobierno aguardará el sentido de los próximos fallos que emita la Suprema Corte de Justicia sobre la legalidad del IRPF en las pasividades, para definir qué fórmula aplicará de las dos que se manejan hasta el momento con la intención de incluir aquellas jubilaciones que hoy están exentas de la red tributaria o bien para modificar todo el organigrama del IRPF a casi un año de su vigencia.

La intención es retomar más temprano que tarde la «solidaridad» y la «equidad» que el gobierno siente haber perdido en el pago del gravamen, luego de los 13 fallos judiciales que determinaron la inconstitucionalidad del impuesto a la renta aplicado a determinadas pasividades. En números, son 1.700 jubilados excluidos del IRPF.

Por ello, el panorama jurídico y político generado en las últimas semanas ha obligado al gobierno a observar la situación tributaria con otro prisma. Hay dos caminos a tomar para encauzar el orden y los principios de «solidaridad y equidad». Por eso, los pasos que se darán están siendo evaluados de una manera muy rigurosa con el fin de reducir a la mínima expresión cualquier futuro error. Tal como cuando se sigue con un lápiz minuciosamente y punto a punto en orden ascendente hasta descubrir la figura que se esconde en el entramado.

Existen dos alternativas consideradas en el gobierno como «lógicas» y aplicables. Una, es modificar todo el organigrama del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. Esto significa alterar desde el mínimo imponible ­cosa que ya se anunció que se realizará­ hasta cambiar los porcentajes del impuesto en todas las fajas. El otro camino es la creación de un nuevo sistema tributario a incidir en aquellos ejemplos que, por imperio de la Suprema Corte de Justicia, hoy están por fuera del círculo del IRPF. Desde el gobierno se apuran a aclarar que «no existirá doble tributación» en el hipotético caso de que se adopte este camino para enmendar lo que se entiende como «injusto»; que las altas pasividades no estén gravadas con el impuesto. El nuevo impuesto que incidirá únicamente en aquellas jubilaciones consideradas «altas» no tendrá validez en las fajas de las pasividades más bajas. Además, el hipotético nuevo impuesto no contendrá la misma raíz que sí tiene el IRPF.

En cualquiera de las dos alternativas en danza que se vaya a aplicar, no será dada a conocer ni regirá antes del mes de julio y llegará al Poder Legislativo para su estudio y sanción mediante un proyecto de ley urgente del Ejecutivo.

La Rendición de Cuentas no incluirá la modificación en la estructura del IRPF porque constitucionalmente inhibe que en la rendición se incluyan gravámenes o impuestos. Los actores del gobierno suscriben la tesis de que los 13 fallos de inconstitucionalidad del IRPF que dejó exentos del tributo a 1.700 jubilados «cambiaron la jurisprudencia» que existe sobre la legalidad, validad y atribuciones que desde un gobierno se tiene al momento de aplicar impuestos, y no así el cambio en el signo de los fallos que se conoció esta semana desde la misma SCJ, convalidando la constitucionalidad del gravamen.

«El objetivo es retomar el equilibrio, la lógica y la integralidad del sistema tributario» resaltan desde el gobierno que apuntan a incluir a los 1.700 casos de las altas pasividades dejadas de lado a comienzos del pasado mes de abril.

 

Escaso optimismo

La doctora Verónica Carneiro, quien patrocina a los dos funcionarios de UTE que presentaron un recurso de inconstitucionalidad del IRPF a trabajadores activos, sobre el cual el Fiscal de Corte, Rafael Ubiría, falló a favor, dijo que a pesar de ello, la opinión del procurador general de la Nación no es «vinculante» y que dada la coyuntura actual de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) , no es muy optimista en cuanto a que la sentencia definitiva salga favorable a sus clientes. «Aún falta mucho, hay que esperar, pero de acuerdo con la nueva conformación de la SCJ y el criterio que se ha marcado, no creo haya mucho cambio en la posición de la Coorporación», dijo Carneiro.

El dictamen del Fiscal de Corte, fue adelantado por el matutino Ultimas Noticias.

Dicho expediente había sido presentado el 27 de febrero, por dos funcionarios administrativos de UTE. Según la determinación de Ubiría, es erróneo que se aplique dicho impuesto pues se genera una «ficción tributaria» al estimar que todo ingreso es una renta. En su dictamen el fiscal también entendió que se estaría violando los artículos 7 y 67 de la Constitución, por entender que se trata de un tributo «dual», pues se aplica a las rentas de trabajo y a las de capital.

La abogada Carneiro, quien también patrocina a jubilados y pensionistas que reclamaron contra el IRPF a las pasividades, dijo que el expediente al salir de la Fiscalía de Corte, ahora pasa a estudio de los ministros de la SCJ, pero que como la opinión del fiscal no «vinculante» y dado que cambió la mayoría entre los cinco ministros, es muy «difícil», que la sentencia definitiva salga favorable a sus representados.

 

SOBRE EL FALLO: A FAVOR Y EN CONTRA

La nueva sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que determinó que el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las jubilaciones y pensiones es constitucional, motivó una serie de declaraciones ya sea desde quienes estaban a favor como en contra.

En ese sentido, por ejemplo, el constitucionalista doctor Alberto Pérez Pérez dijo a LA REPUBLICA que «con esta nueva sentencia quedó demostrado que quienes pasaron ahora a ser la minoría en la SCJ, como lo dijeron, no habían hecho un somero examen del tema, y con eso saltaba a la vista que habían analizado un aspecto de suma importancia de forma ligera y poco profunda».

Pérez agregó que quedó demostrado que el doctor Jorge Larrieux, quien recientemente se incorporó como ministro de la SCJ y que fue quien redactó la nueva sentencia, «analizó a fondo el expediente y en consecuencia y como no podía ser menos, llegó a la misma conclusión que los otros dos miembros que estudiaron el punto a fondo y que habían estado en la minoría», dijo al referirse a los ministros Leslie Van Rompaey y Daniel Gutiérrez .

De esta forma, remarcó, «se reconoce el verdadero principio de igualdad».

Por su parte el ex presidente de la SCJ, doctor Gervasio Guillot, dijo que si bien él está de acuerdo con la última sentencia, indicó que, al ahora existir fallos contradictorios, se podrían generar desigualdades e injusticias entre jubilados y pensionistas.

Guillot también dijo que no se deben «politizar» las sentencias, y como ejemplo puso el acto frente a la sede de la Coorporación, al cual catalogó como una «fantochada, propia del carnaval político que se viene».

 

La otra cara

Desde el otro lado de la vereda, la doctora Soledad Uriarte, quien coincidentemente patrocinó el primer expediente cuya sentencia fue que el impuesto era inconstitucional y el primero en el cual se falló que era constitucional, dijo que si bien no comparte la sentencia, la respetará, pero que esto, «lo que demuestra es la independencia y democracia que hay en la SCJ». Al ser consultada sobre algunas expresiones surgidas desde el gobierno, que daban cuenta de la posibilidad de aplicarle a aquellos jubilados que salieron beneficiados por las sentencias de inconstitucionalidad del IRPF, algún tipo de impuesto para equiparar las realidades, la abogada dijo que sería una «barbaridad» porque «se está tratando de violentar y de no respetar la sentencia de la SCJ». A su juicio, se trataría de «una violación total y clara del principio de igualdad. Se estaría tratando de no respetar una sentencia».