El edil Ripoll agrega elementos a la polémica de los guardavidas canarios

Lagotur tuvo información privilegiada sobre licitación

Canelones

Tal como informó LA REPUBLICA, la Asociación de Guardavidas de Canelones (AGC) presentó ayer un recurso ante el Tribunal de Cuentas y el gobierno municipal de este departamento exigiendo la revocación de la licitación. En su escrito, el gremio sostiene que la adjudicación «es manifiestamente ilegal» y denuncia –entre otras cosas– que Lagotur no cumplió con los requerimientos de calidad y antecedentes comerciales establecidos en el pliego.

Mientras tanto, el edil Ripoll entregó a este matutino un fax que el pasado 28 de octubre de 1999 desde el teléfono 03323423 de la sección Adquisiciones de la Intendencia Municipal de Canelones (IMC) el jefe del área de guardavidas de la comuna, Atilio García, envió a Luis Fleitas, actual encargado de ese servicio en la empresa Lagotur.

«Le mando dos tipos de pruebas, la prueba ‘actual’ es la que yo aplico», señala García en ese fax, donde además adjuntó «planilla de registro de aspirantes», «declaración», «registro de rescates» y «un informe de la temporada 94-95″. El 12 de octubre de este año, el jerarca municipal envió otro informe a Fleitas, en esa ocasión detallando la ubicación de las torretas a lo largo de la costa canaria.

«Las dilatorias que el Foro Batllista ha dado al trámite de investigación promovida por el Encuentro Progresista en la Junta Departamental con referencia a la adjudicación de la licitación del servicio de guardavidas en Canelones abren una nueva interrogante», declaró Ripoll.

 

«Determinante»

El curul denunció la «falta de cumplimiento con lo solicitado en los pliegos de la licitación, donde no se adjuntaron en la oferta ni los nombres ni el grado de idoneidad de los guardavidas». «Ahora tenemos la presunción –por los materiales que han llegado a nuestras manos– que desde la interna de la IMC se operó brindando información que sería determinante para la adjudicación de la licitación por parte de la comisión asesora», señaló, en referencia a los faxes enviados por García.

Tras resaltar que «en 1999 se le había brindado a los titulares de la empresa Lagotur gran parte de este material», destacó que esa empresa «presentó el año pasado una propuesta que fue descartada». «Utilizando ese material y otros enviados por la propia comuna, Lagotur se presentó a este nuevo llamado, obteniendo finalmente la licitación antes que el Tribunal de Cuentas se expidiera», subrayó.

El edil frenteamplista señaló que este material «llegará a la comisión investigadora a los efectos de que se expida rápidamente». Esa comisión, recordó, tiene plazo hasta el próximo jueves para emitir un fallo sobre si hubo irregularidades en el proceso licitatorio».

 

«Obstaculización»

Mientras tanto, la IMC difundió ayer un comunicado de prensa en el cual denuncia que «los esfuerzos llevados a cabo por esta comuna con la única finalidad de mejorar los servicios, han sido objeto de reiterados cuestionamientos, intentando obstaculizar el normal desarrollo de los procedimientos con el consiguiente peligro para la población».

Sostiene además que «la situación que ha creado un grupo de guardavidas –que no tienen relación alguna con la IMC– debe calificarse de grave», y advierte que «sin perjuicio de ello, la IMC velará por la efectiva prestación de los servicios y no permitirá ningún boicot que atente contra la seguridad de los bañistas en nuestras playas, utilizando todos los instrumentos legales y operativos a su alcance».

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