Los Ministerios de Trabajo y de Industria firmaron ayer una solicitud para que las personas que se encuentran ocupando el predio de la ex Impresos Vanni sean desalojados a la brevedad. “Se tomó la resolución para evitar que se corra peligro a futuro y porque hay una afectación al orden público”, dijo a LA REPUBLICA el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi.
“Antes estábamos impedidos de actuar porque todo se encontraba en el ámbito judicial, pero tras el incidente registrado y la alteración que se causó en el orden público, el Poder Ejecutivo resolvió intimar al desalojo”, expresó Bonomi, quien agregó que la idea era que el Ministerio del Interior desalojara la empresa “cuanto antes”.
Consultado sobre la posibilidad de que la “contra-ocupación” haya sido una maniobra del ex propietario de la empresa, Juan José Vanni, para lograr el desalojo definitivo y así recuperar el control de la planta, Bonomi fue claro: “Yo no voy a especular sobre este tema y la resolución, como ya se explicó, fue para evitar la afectación del orden público”.
El ministro de Trabajo agregó que “tras el desalojo, la llave de la empresa debería quedar en custodia de la Justicia para que ésta resuelva quién será el depositario” del inmueble.
Por su parte, el director nacional de Trabajo, Julio Baráibar, dijo a LA REPUBLICA que “el Sindicato de Artes Gráficas, el Consejo de Salario del sector y los ocupantes fueron notificados de la resolución ministerial sobre las 17.30 horas (de ayer) y tendrán 24 horas para retirarse por propia voluntad”.
Baráibar aclaró que “el ministerio lo que puede hacer es pedir la intimación del desalojo, pero no puede resolver sobre el depositario del inmueble porque eso es resorte de la Justicia Civil”.
Sobre este tema, el director nacional de Trabajo dijo que “hay cinco nenes para ese trompo porque los que se quieren quedar con la fábrica son: el BROU, otros acreedores bancarios, el propio Vanni, la cooperativa Coprograf (conformada con ex trabajadores de Vanni) y los trabajadores que se abrieron de Coprograf y que resolvieron ocupar la planta”, concluyó.
El conflicto de la ex Impresos Vanni estalló sobre la madrugada de ayer cuando un grupo de cinco personas, entre ellas un menor de edad, lideradas por los dirigentes Gerardo Sosa y Richard Ponce, ambos fundadores de la cooperativa Coprograf, irrumpieron en el predio ocupado hace ya dos años y medio.
El dirigente del sindicato de Artes Gráficas, Juan Carlos Venturini contó a LA REPUBLICA que sobre las 2.30 de la mañana, un grupo de cinco personas ingresaron a la planta por la fuerza mediante el uso de armas de fuego.
“Nos golpearon, tiraron tres tiros y entraron. Nosotros salimos y nos fuimos a la comisaría para hacer la denuncia. Media hora después, llegó el empresario Juan José Vanni”, relató Venturini sobre lo sucedido la pasada madrugada.
Al cierre de esta edición, Venturini se encontraba en la imprenta. Dijo que la ocupación se mantiene en todos sus términos y que sólo un pequeño sector de la imprenta era controlado por “cuatro intrusos”. El dirigente aclaró que lo central es que el objetivo de este “acto de vandalismo” fue el de activar el decreto que habilita el desalojo.
El ex presidente del gremio Gerardo Sosa y el dirigente Richard Ponce, ambos ocupantes de la empresa en los inicios del conflicto, ingresaron al predio acompañados de “desconocidos y un menor de edad”, según relataron los efectivos policiales que realizaban la guardia de seguridad desde la madrugada.
El juez penal de 4º Turno, Jorge Díaz Almeida, se hizo presente en el lugar a primeras horas de la mañana y tomó declaración tanto a los trabajadores desocupados como a los que tomaron la planta, indagatoria que se continuó sobre la tarde en el Juzgado de la calle Misiones.
En el lugar también se hizo presente la diputada Ivonne Pasada, quien integra la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes y el integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, Luis Puig, quién expresó su preocupación por la situación.
Puig, que se encontraba en el lugar cuando el allegado a Juan José Vanni, el propietario de la empresa, se acercó con una bolsa con comida, observó lo ocurrido con total sorpresa “nos llamó poderosamente la atención que personal de Vanni viniera a traerle comida a quienes asaltaron hoy la ocupación. Cualquiera podría pensar que hay una conexión entre quienes asaltaron hoy de forma violenta la ocupación y la patronal de Vanni, y eso sería realmente preocupante”.
Entre tanto, el Consejo Directivo del Sindicato de Artes Gráficas (SAG) analizó ayer la situación originada en la ex Impresos Vanni y resolvió “expresar el desacuerdo con la intimación de desalojo que presentaron los ministerios de Trabajo y de Industria”, dijo a LA REPUBLICA el dirigente José Coronel.
“Mañana (por hoy) vamos a ir al Ministerio de Trabajo para expresar nuestra posición y seguramente se convocará a una asamblea para definir cómo sigue la situación”, concluyó Coronel. La reunión está prevista para las 13 horas.
El juez Díaz concurrió al predio de la ex Impresos Vanni tras la denuncia que presentaron los ocupantes liderados por Venturini, pese a lo cual la indagatoria continuó sobre la tarde en el Juzgado de la calle Misiones, donde se procedió a realizar un careo entre las partes.
La denuncia “la hicimos contra los agresores. Fue una entrada con violencia”, pero “al margen de los hechos lamentables de anoche, la ocupación se mantiene, ya que hay una gran cantidad de compañeros que mantienen el control de la entrada”, dijo Venturini en las puertas del Juzgado.
“Pensaban que nosotros nos íbamos a asustar, pero esto no fue así. La ocupación sigue y va a seguir por los motivos que se decidió hace dos años y medio. Vamos a tratar de que actúen los poderes públicos para que esta gente que ha cometido los delitos que cometieron sean sacados de allí”, indicó.
“El negocio del empresario es que se levante la ocupación y tratar de retirar algunas máquinas para eludir la acción del demandante y reabrir con un testaferro en otro lado. Evidentemente los habrá comprado. Sólo así se explica que gente como Richard Ponce y Gerardo Sosa” cambiaran de postura, expresó Venturini.
“Para Sosa, Vanni era el enemigo del pueblo, un mentiroso, estafador, y ahora son íntimos amigos. Incluso Vanni les lleva comida. Es un cambio radical. Por supuesto no me consta que hay dinero de por medio pero algo hay para que alguien cambie espectacularmente de opinión”, estimó Venturini.
Los cooperativas estimaron que la “contra ocupación” pretende que el MTSS actúe “para proceder al desalojo, que se saque a todos para afuera”, por lo que estimaron que Vanni y “los traidores”, estuvieron muy bien asesorados. La orden de desalojo se confirmó minutos más tarde. La particularidad de la denuncia radica en que recayó sobre el mismo magistrado que el 9 de marzo de 2006 dictaminó el procesamiento de 70 de los integrantes de Coprograf que ocuparon la fábrica por “apropiación indebida”, de acuerdo al artículo 351 del Código Penal.
La sentencia, sin embargo, fue revocada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er. Turno (José Bonavota, Eduardo Borges y Bernardette Minvielle), en fallo unánime, aduciendo que la actividad productiva que realizaron los cooperativistas no configura el delito de “apropiación indebida”. El tema está a estudio de la Suprema Corte de Justicia, luego de que la fiscal Mónica Ferrero apelara la decisión del Tribunal.
El abogado del empresario, Carlos Curbelo Tammaro, dijo a Radio Carve que la mayoría de los ex trabajadores de Impresos Vanni quiere reabrir la planta “pero Venturini se ha transformado en un obstáculo” aunque “todo este tiempo la cooperativa demostró que es absolutamente inviable”.
Trabajadores desestimulados “por esa realidad”
se dieron cuenta “que lo mejor era recomponer la relación con Vanni y tratar de volver a trabajar” pero “se encontraron con que la única persona que no tiene derecho a estar adentro, porque nunca trabajó ni integró la plantilla, es el señor Venturini”, expresó Curbelo Tammaro.
El abogado acusó a Venturini de “haberse adueñado de la empresa” utilizando sus vehículos e insumos, que fue depositario de los bienes de la firma, pero que no lo es más, y que “los obreros que trabajaron con Vanni quieren volver pero Venturini es un obstáculo”.
Curbelo consideró además, que Venturini lidera un grupo que tomó la planta “para poder vivir, dormir y trabajar de forma clandestina, usurpando” algo que no le pertenece. La situación de la empresa ha sido “una experiencia muy desgraciada” y el MTSS tuvo “un manejo equivocado” de la situación, concluyó el abogado.
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