Identifican en Uruguay restos de detenido desaparecido uruguayo

Se trata del primer caso de identificación en territorio nacional de una persona desaparecida durante la dictadura (1973 -1984).

La víctima –un hombre adulto– no figura en las listas de uruguayos desaparecidos elaboradas por organizaciones de derechos humanos. La familia, que ya fue informada por Serpaj, nunca denunció el caso ante esas organizaciones, aunque sí ante las autoridades de la época. La búsqueda se ciñó todos estos años al esfuerzo del propio grupo familiar.

La información de la identificación del desaparecido será trasladada esta semana a la Comisión para la Paz.

La identidad de la persona quedó plenamente confirmada después de un estudio antroprométrico realizado por un equipo de antropólogos. Este tipo de estudio se basa en la comparación de la estructura ósea y fotografías de la víctima.

Para los investigadores, las circunstancias de la desaparición y su posterior muerte encuadran en la situación de persecución política que se vivía en la época.

Por el momento, tanto la identidad como las circunstancias de la muerte, son mantenidas en reserva. Según información confiable proporcionada a LA REPUBLICA, la víctima estuvo aproximadamente un año y cuatro meses secuestrada, se presume que en cuarteles, y luego habría sido ejecutada.

La investigación de Serpaj –que comenzó hace varios meses y culminó la semana pasada– estuvo basada en indicios y testimonios precisos aportados por civiles. Ningún militar ni político suministró información.

El único antecedente de este tipo es el del uruguayo Arazatí Ramón López, aunque sus restos fueron encontrados e identificados en Chile. La recuperación del cuerpo de Arazatí –que causó gran conmoción en nuestro país– data del año 1995.

La semana pasada, la Comisión para la Paz informó sobre el hallazgo con vida de un uruguayo que sí figuraba en las listas de la Comisión Nacional del Desaparecido (Conadep) en la República Argentina y de la comisión investigadora parlamentaria que se instaló en Uruguay en 1985. El caso fue calificado como «excepcional» por el integrante de la Comisión doctor Gonzalo Fernández, quien manifestó su convicción personal de que la mayoría de los cerca de 150 casos denunciados –tanto en Argentina, como en Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay– corresponde a personas fallecidas.