Serpaj considera que la Comisión para la Paz debe tener "poderes coercitivos"

En presencia de diplomáticos, entre ellos el vicecónsul de la embajada de los Estados Unidos, Alan Meltzer, y el representante de Unesco, familiares de desaparecidos y el doctor Carlos Ramela, representante del gobierno en la Comisión para la Paz, el Servicio Paz y Justicia destacó en forma positiva la voluntad política del Poder Ejecutivo para determinar el destino de los desaparecidos que llevó a que se ubicara a la nieta del poeta argentino Juan Gelmán y se agotara una línea investigativa sobre quién se pensaba que era Simón Riquelo.

El informe también señaló «acciones desde sectores del gobierno contradictorias al proceso de pacificación» como lo fueron las «sanciones contra el comisario Vergara, la investigación sin resultados sobre la maestra desaparecida Elena Quinteros, la negativa a dar información a un fiscal argentino sobre represores uruguayos, la propuesta para integrar la Suprema Corte de Justicia de un coronel acusado de Torturas y la negativa a ratificar el tratado que crea la Corte Penal Internacional».

En este marco también se mostró «sorpresa» por el premio Simón Bolívar que otorgó Unesco al ex presidente Sanguinetti por su defensa de los Derechos Humanos en Uruguay, cuando todos los sectores sociales «bien conocen su postura contraria a toda verdad y justicia fundamentada en documentos públicos, en cuanto a las violaciones de los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura».

Se recuerda que el ex mandatario, respecto al caso Gelman, luego de recibir miles de firmas desde Alemania y que 115 poetas de diferentes países le pidieran una respuesta, a lo que se sumaron Premios Nobel, científicos y artistas, contestó en carta a Günter Grass (Premio Nobel de Literatura 1999) que «no está en las manos de nadie la capacidad milagrosa de dar una respuesta a la demanda del escritor, cuando no aparece nueva evidencia alguna y los hechos ocurrieron en Argentina y fueron protagonizados por argentinos». Sin embargo a los pocos días de asumir Batlle en marzo pasado, el nuevo gobierno anunciaba públicamente que se había podido ubicar con vida en Uruguay a la nieta de Juan Gelmán.

Para la organización Serpaj, este hallazgo confirmó que existía una coordinación represiva entre Argentina y Uruguay y que bastaba con la voluntad del gobierno para arribar a resultados positivos para encontrar a personas desaparecidas.

El trabajo de Serpaj recopila además información proveniente del sector militar desde dónde se manifestaron opiniones encontradas respecto a la actuación de las Fuerzas Armadas en la década del 70.

 

Comisión para la Paz

Serpaj consideró que por lo menos tres factores relacionados entre sí llevaron a la formación de la Comisión para la Paz. Son ellos «la creciente demanda» de la sociedad sobre la verdad de las violaciones de los Derechos Humanos, «la evolución regional e internacional» para el esclarecimiento y castigo de los crímenes contra la humanidad, y la conformación de un gobierno nacional «con inquietudes» para encontrar una solución «por primera vez desde la reapertura democrática».

Raúl Martínez, coordinador de Serpaj informó que se espera que la Comisión realice «una investigación profunda y seria para aportar una parte de la verdad sobre la dictadura, el esclarecer las circunstancias y el destino de los desaparecidos». La organización también reclamó que se elabore un informe oficial donde «se reconozca el terrorismo de Estado» que se practicó en el país durante el gobierno de facto.

Carlos Ramela, representante del gobierno en la Comisión para la Paz, señaló a LA REPUBLICA, a título personal que si bien no se trabaja con poderes coercitivos –lo que se puede entender como una limitante– «en los hechos se está accediendo a buena información, y se está logrando que todos los sectores colaboren». Insistió en que las facultades coercitivas pudieron ser, en su momento, un elemento a tener en cuenta pero «no es esencial» en una comisión de este tipo que surge luego de agotadas varias instancias y se busca ahora, por la vía del diálogo y la cooperación, avanzar en este tema.

Al ser consultado sobre si están recibiendo información de sectores castrenses, Ramela respondió que «no es bueno» dar a conocer los pasos que se están dando, pero dijo que de a poco va quedando en evidencia que el trabajo no es «contra nadie» sino a favor de una solución a un tema delicado pero comentó que la comisión recibe «el apoyo de todos los sectores de la sociedad uruguaya».

El trabajo de Serpaj considera que el informe de la Comisión para la Paz no podrá ser «el final sino el comienzo de la verdad y también de la justicia».

La organización social interpreta que el trabajo de la comisión significa que el Estado asume por primera vez desde la vuelta a la democracia, la responsabilidad de una investigación seria y profunda y por otro lado significa el reconocimiento oficial de que existen niños y ciudadanos uruguayos desaparecidos en Uruguay, Argentina, Chile y otros países.

Se señala asimismo como una «carencia» de la Comisión el que no esté dotada de «poderes coercitivos» necesarios para «desentrañar verdades». En este sentido se menciona que no sería «incompatible» la obligación de declarar la verdad por parte de militares y policías sospechosos de haber practicado la tortura, con la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

Se menciona que la no asunción por parte del Estado de las responsabilidades ante las violaciones a los Derechos Humanos se debe en parte a que el poder político no estableció «con claridad» cuál es el lugar que le corresponde a las Fuerzas Armadas y cuáles son sus obligaciones para con la sociedad.

Más allá de apoyar las investigaciones, la organización entiende que sin someter a los responsables ante la Justicia «se deja abierta la puerta a futuras violaciones a los Derechos Humanos».

Ramela remarcó que la Comisión para la Paz trabaja con el respaldo del Presidente de la República lo que consideró «positivo» y remarcó el apoyo de Serpaj.