Empresarios pretenden "controlar" la negociación colectiva pública

La Cámara de Comercio y Servicios realizó ayer una jornada de intercambio de ideas y de reflexión con miras a la próxima ronda de Consejos de Salarios, que comenzará a fines de mayo o en junio. Una de las conclusiones que sacaron en limpio las 107 gremiales que integran la Cámara de Comercio es que se recomendará al Poder Ejecutivo «que la próxima pauta salarial sea mesurada a los efectos de evitar un incremento de la conflictividad, según señaló a LA REPUBLICA el vicepresidente de la cámara, Marcelo Lombardi.

Según el empresario, «la pauta salarial deberá tener en cuenta tres aspectos: el control de la inflación, la competitividad de las empresas y la disminución del gasto público».

Lombardi subrayó que «las anteriores pautas salariales siempre fueron razonables y por eso el nivel de acuerdos en los Consejos de Salarios fue importante», explicó.

En cuanto a la contención del gasto público, el ex presidente de la Cámara de Comercio y actual dirigente de la gremial empresarial, Horacio Castells, dijo que «sería razonable que el sector privado esté representado en la negociación colectiva de los funcionarios públicos, como forma de controlar el salario y los beneficios que perciben estos trabajadores, que luego tiene que pagar la sociedad», sentenció.

«Los trabajadores públicos trabajan poco y ganan mucho en relación con los privados y ese salario que se paga, lo pagamos todos los uruguayos. Incluso, ahora hay iniciativas para otorgarles los mismos beneficios a los privados que a los públicos, quienes, por ejemplo, tienen 30 días de licencia, entre otras cosas; esto sería muy difícil de sobrellevar por parte del sector empresarial», concluyó Castells. Sobre este tema, otra fuente empresarial consultada por LA REPUBLICA señaló que «si bien no está sobre la mesa, en la discusión inmediata, la posibilidad de plantear que el sector privado esté representado en los Consejos de Salarios de los funcionarios públicos, la idea no es descabellada y guarda una cierta lógica». En otro orden, la economista y asesora de la Cámara de Comercio, María Dolores Benavente, sostuvo que «las pautas que determine el Poder Ejecutivo tienen que tener en cuenta los aspectos inflacionarios porque ya hay algunos analistas que sostienen que a partir de 2009 habrá problemas fiscales para el Uruguay».

Benavente señaló que «cuando el salario se fija administrativamente a uno se le puede ir la mano, repercutir negativamente en la inflación y generar desempleo».

Según la economista, el problema fiscal sería originado porque «hay algunos datos que sostienen que los precios de las materias primas (que es lo que exporta Uruguay) ya tienen un componente especulativo que las ha sobrevaluado en un 20% o 30%», aseguró.